Más allá del componente simbólico, el reclamo por la autonomía aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas, como la remoción de un árbol en malas condiciones, hasta obras menores requieren trámites extensos en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo. Según denuncian dirigentes locales, el trasfondo es la falta de una reforma de la Constitución provincial, que concentra competencias en el Ejecutivo y mantiene a los municipios en una situación de dependencia.