16 de octubre de 2025
Noboa atribuyó el coche bomba en Guayaquil a la “desesperación” de las mafias golpeadas por operativos mineros
El ataque marca una nueva escalada de violencia en el conflicto entre el Estado ecuatoriano y el crimen organizado
Noboa enmarcó el ataque dentro de lo que describió como una ofensiva criminal en respuesta a la presión estatal en zonas estratégicas. “Mientras los bombardeamos en la minería ilegal en Buenos Aires, ellos están planificando coches bomba en Guayaquil, en Churute y en Cuenca”, declaró. El mandatario insistió en que las bandas, golpeadas en su economía subterránea, están recurriendo a métodos de terror urbano. “Nosotros no podemos retroceder ante las mafias, no podemos retroceder ante la gente que quiere aterrorizar a las familias ecuatorianas”, dijo.
El Ejecutivo relaciona directamente la ola de atentados con la pérdida de territorios y rutas de financiamiento que las organizaciones delictivas mantenían a través de la minería ilegal y el narcotráfico. Desde finales de septiembre, las Fuerzas Armadas han desplegado operativos aéreos y terrestres en Imbabura, Carchi y Esmeraldas, zonas que han funcionado como corredores de extracción aurífera sin control estatal. Noboa aseguró que “la máxima humanidad es la mezcla entre empatía y fuerza”, frase con la que intenta sintetizar su política de seguridad: una estrategia de represión sin renunciar a los programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.El Ministerio del Interior respaldó la tesis presidencial y calificó el atentado como una “retaliación” de las mafias. Según el ministro John Reimberg, los dispositivos utilizados en Guayaquil fueron ensamblados con materiales de alto poder destructivo y buscaban “crear caos y pánico social”. Reimberg confirmó además la apertura de una investigación penal bajo el cargo de terrorismo y anunció que las cámaras de seguridad y los registros de tránsito ya se encuentran bajo análisis.El Gobierno de Noboa, que en enero declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, enfrenta ahora una nueva fase de esa confrontación. La utilización de explosivos en zonas urbanas marca una escalada que pone a prueba la efectividad de la estrategia militar y el respaldo ciudadano al discurso de “orden y fuerza”. Analistas consultados por medios locales advierten que los ataques en Guayaquil, Cuenca y Machala podrían responder a una coordinación entre distintas facciones criminales que operan dentro y fuera de las cárceles, donde el control estatal sigue siendo precario.
Mientras las pericias avanzan, el impacto político del atentado se hace visible. La muerte del taxista —un trabajador que realizaba su ruta habitual— generó conmoción en la población y reavivó el debate sobre la seguridad en las principales ciudades del país. En redes sociales, usuarios y dirigentes sociales exigieron resultados concretos y protección efectiva frente a la creciente militarización del territorio.