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8 de octubre de 2025

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por �??beligerancia política�?�

El TSE solicitó al Congreso autorizar un proceso contra el mandatario por intervenir en la campaña rumbo a 2026, pese a tenerlo prohibido por ley. La medida llega dos semanas después de que el Legislativo rechazara desaforarlo por presunta corrupción

>El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de El pedido surge dos semanas después de que el Congreso rechazara una solicitud similar para enjuiciar a Chaves por presunta corrupción, confirmando así la creciente presión institucional sobre el mandatario en medio de un ambiente político polarizado y marcado por desgaste de los partidos tradicionales, fragmentación opositora y un aumento de la inseguridad ligada al narcotráfico.

La petición del TSE responde a denuncias presentadas por dirigentes políticos opositores, entre ellos Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional, y Juan Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana, junto a legisladores y ciudadanos que acusan a Chaves de intervenir en la campaña de los comicios previstos para febrero de 2026.

Los magistrados señalaron que el 27 de junio dictaron la prohibición a Chaves de intervenir en la campaña electoral, pues consideraron que el presidente aprovechó su cargo para favorecer ilegítimamente a un programa político, contraviniendo la Constitución y el Código Electoral costarricense. Estas normativas impiden al presidente, vicepresidentes y ministros participar en actividades políticas y usar sus cargos en beneficio de partidos.

Chaves, economista y político de 64 años, ha mantenido una postura crítica frente a las decisiones del TSE, acusando al tribunal de parcialidad y de intentar ponerle una “mordaza” al gobierno tras ordenar la suspensión de toda propaganda gubernamental en medios tradicionales y por primera vez en redes sociales. Hasta el momento, ni el presidente ni la Casa Presidencial han emitido declaraciones oficiales tras la más reciente solicitud del TSE.

El avance de las investigaciones por beligerancia política coincide con la reciente negativa legislativa a desaforar a Chaves a raíz de una acusación de la Fiscalía sobre presunta corrupción. El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia avaló la petición de la Fiscalía General para retirar la inmunidad al presidente, quien fue acusado de presionar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia para que entregara USD32.000 a su amigo y ex asesor de imagen, Federico Cruz. En ese caso, la contratación habría utilizado fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un procedimiento aparentemente indebido. La votación en el Congreso, que se celebró el 23 de septiembre, no alcanzó la mayoría calificada necesaria de 38 votos; la moción obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, permitiendo a Chaves mantener su inmunidad hasta el final de su mandato, que concluye en mayo de 2026.

La contienda electoral hacia los comicios de 2026 se presenta en un contexto de alta incertidumbre y polarización. De acuerdo con una encuesta de septiembre de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 52% de la población se identifica con el presidente y su movimiento, mientras la inseguridad vinculada al narcotráfico alcanza niveles históricos y redefine el clima político. El estudio de opinión pública señala que la candidata oficialista, Laura Fernández, aparece con una ventaja inicial, aunque insuficiente para imponerse en primera vuelta, donde también se renovarán los 57 escaños del Congreso para el periodo 2026-2030.

El proceso actual dependerá de la decisión de la Asamblea Legislativa sobre la inmunidad de Chaves. Solamente si los diputados retiran este fuero, el TSE podrá abrir el expediente sancionador y, eventualmente, imponer la sanción correspondiente, que podría afectar el ejercicio del poder ejecutivo y el futuro político del presidente.

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