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7 de octubre de 2025

Nueve provincias y la UIA impulsan una nueva ley para reactivar el sector de los biocombustibles

Buscan reemplazar el actual sistema de cupos y precios regulados. El proyecto contrasta con la iniciativa de desregulación que el Gobierno había impulsado en 2024

>La Unión Industrial Argentina (UIA) y la denominada “Liga de Provincias Bioenergéticas” buscan que el Congreso trate una nueva ley de biocombustibles que actualice el marco vigente y otorgue previsibilidad a un sector que consideran clave para el desarrollo regional y la diversificación energética del país.

Entre los principales puntos, el texto plantea una suba progresiva en las mezclas de bioetanol en naftas y de biodiésel en gasoil, la posibilidad de incorporar biocombustibles en otros medios de transporte –como el aéreo o marítimo– y la habilitación de vehículos con motores flex o kits de conversión.

Para la UIA, la modificación de la ley vigente —la 27.640, que rige hasta 2030— es necesaria para sostener la actividad y evitar que la producción de biocombustibles quede limitada a unas pocas empresas. Además, remarcan que la industria genera empleo calificado, impulsa el agregado de valor en las economías regionales y contribuye a la sustitución de importaciones de gasoil y naftas.

Los gobiernos provinciales que integran la Liga Bioenergética coinciden en que el actual marco legal no alcanza para garantizar el crecimiento del sector. Argumentan que los biocombustibles se convirtieron en una fuente de ingresos y empleo en regiones agrícolas y cañeras, y que su expansión permitiría fortalecer las cadenas locales de valor.

La propuesta también busca que el nuevo esquema otorgue mayor estabilidad jurídica y económica para atraer inversiones. En ese sentido, las provincias pretenden que el Congreso apruebe una ley “moderna, federal y previsible” que incentive la producción sin depender de resoluciones administrativas o precios fijados de manera discrecional.

El impulso de las provincias y la UIA se da en paralelo a otro antecedente relevante. En noviembre de 2024, el Gobierno nacional había presentado un proyecto de ley orientado a desregular el mercado de los biocombustibles, con la idea de permitir una mayor participación de empresas privadas y ampliar la competencia.

Aunque el Ejecutivo argumentó que el cambio no implicaría costos fiscales adicionales, la propuesta generó diferencias con las provincias productoras, que reclamaban un incremento más rápido en los cortes y una mayor protección para las pymes del sector.

El oficialismo y la oposición coinciden en la necesidad de actualizar el marco legal, ero aún no hay consenso sobre el grado de apertura del mercado ni sobre los tiempos de aplicación de los nuevos cortes. Las provincias productoras insisten en que el sector tiene un potencial estratégico para generar empleo, promover inversiones y contribuir a la transición energética. Para lograrlo, señalan, es indispensable que el Estado acompañe con reglas claras y una legislación que combine competencia, previsibilidad y desarrollo federal.

En un sentido similar, pero a la vez competitivo con lo que desean las provincias “bioenergéticas”, desde el sector petrolero la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) presentó un informe técnico planteando crear un Régimen de Reactivación de la Producción Convencional, para frenar el fuerte declive de las cuencas maduras de petróleo y gas en Argentina, a fin de preservar el empleo y sostener la recaudación en provincias como Chubut, Santa Cruz, Mendoza y las de las cuentas del norte argentino.

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