23 de septiembre de 2025
Los peligros de la cultura de las consecuencias
La suspensión de Jimmy Kimmel y el despido de académicos reavivan la discusión sobre los límites de la libertad de expresión
>Para quienes han seguido los acalorados debates sobre la libertad de expresión durante la última década, escuchar a comentaristas de derecha elogiar una cultura de consecuencias, como si fuera algo recién inventado, les trae a la mente la palabra yidis “chutzpah”. Durante años, la izquierda ha insistido en que la libertad de expresión no significa estar libre de consecuencias, incluyendo peticiones de disciplina para profesores o despidos de presentadores de televisión. La derecha ha calificado estas demandas como el frenesí desmesurado de una turba políticamente correcta y moralista.
Por supuesto, la libertad de expresión conlleva consecuencias. En sociedades autoritarias, la libertad de expresión no es libre precisamente porque expresar disenso puede llevar al arresto, cárcel o tortura. Ningún defensor de la libertad de expresión podría justificar represalias tan draconianas. En cambio, ser abucheado por una audiencia o reprendido en una sección de comentarios son consecuencias para la libertad de expresión que aceptamos como parte del caos de una sociedad abierta. La ausencia de consecuencias para la libertad de expresión permite que el odio, las falsedades y la charlatanería se apoderen del discurso razonado, una circunstancia que caracteriza nuestro panorama actual en las redes sociales. La pregunta no es si las consecuencias deberían derivar de la expresión, sino más bien: ¿Cuáles son, por qué se imponen, quién las impone y con qué efecto?
En la ciudad de Nueva York, en 2017, un profesor de matemáticas de un instituto privado fue despedido por levantar el brazo en ángulo oblicuo durante una clase de geometría y, al contemplarlo, decir “Heil Hitler”. Padres y administradores se horrorizaron ante lo que parecía ser un comentario abiertamente antisemita. Los estudiantes, incluidos algunos que habían estado en la sala, salieron en defensa del profesor, explicando que entendían que el instructor, descendiente de sobrevivientes del Holocausto, estaba diciendo torpemente lo que les venía a la mente en lugar de expresar hostilidad. El profesor fue reincorporado; su intención y la recepción de su discurso importaban.
En nuestra acelerada rutina de redes sociales, se incentiva a las personas a responder al discurso antes de tomarse el tiempo para comprenderlo. En la era de Internet, en la que las respuestas viven indefinidamente, las malas interpretaciones son prácticamente imposibles de deshacer.Las consecuencias de la libertad de expresión deben ser proporcionadas, para no destripar la libertad misma. En el comentario que le costó su programa, el Sr. Kimmel insinuó erróneamente que el asesino del Sr. Kirk era partidario de MAGA y ridiculizó el duelo del presidente Trump por la muerte del Sr. Kirk. Las críticas a su comentario eran legítimas. Pero la movilización de una campaña pública que incluyó amenazas por parte de un alto funcionario del gobierno, la rebelión de varios grupos de la emisora y la suspensión indefinida del Sr. Kimmel fue una respuesta desmesurada a una idea que no era ni difamatoria ni amenazante.El imperativo de la proporcionalidad no es simple, ni siquiera principalmente, una cuestión de justicia para quien la expresa. Cuando las represalias contra la expresión son públicas, todos los demás posibles oradores se ven obligados a tomar nota. En el caso del Sr. Kimmel, es probable que sus colegas comediantes elijan sus objetivos y palabras con más cuidado. Defendemos la libertad de expresión no porque cada expresión sea digna, sino porque castigar a una persona por algo que dijo puede intimidar a otros.Existe una diferencia entre las consecuencias que emanan desde abajo y las campañas para obligar a las instituciones a imponer castigos desde arriba. No hay nada de malo en que la gente en un campus universitario proteste frente a un aula o discuta con un orador. Pero cuando exigen a las autoridades de una universidad privada, un medio de comunicación o una empresa que castiguen un discurso simplemente porque causó una ofensa, las represalias adquieren un carácter diferente.La premisa fundamental de la restricción que impone la Primera Enmienda a la capacidad del gobierno para arbitrar la libertad de expresión es que, dada dicha libertad, los líderes la usarán para reprimir las críticas, la disidencia y a quienes desafíen su poder. Quienes se atrevieron a apartarse de la ortodoxia de la derecha en relación con el martirio del Sr. Kirk se han enfrentado a una retribución especial. Funcionarios del gobierno, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, han declarado la guerra a quienes ofendieron la memoria de su amigo y aliado. En el contexto de la venganza de la administración hacia bufetes de abogados, medios de comunicación y universidades, la amenaza de represalias es innegable.
Si bien el gobierno no ha impuesto las sanciones, entidades privadas sí lo han hecho bajo la férrea presión gubernamental. El resultado es una estrategia cada vez más común de ampararse en la Primera Enmienda, en la que, actuando a través de representantes privados, los funcionarios del gobierno reclaman cierta negación por lo que claramente constituirían infracciones prohibidas a la libertad de expresión. En el caso de 2024 de un regulador del estado de Nueva York que intentó disuadir a las aseguradoras de colaborar con la Asociación Nacional del Rifle, la Corte Suprema dictaminó que “los funcionarios gubernamentales no pueden intentar coaccionar a particulares para castigar o suprimir opiniones que el gobierno desaprueba”.Ya sea que provenga de activistas por la justicia social o de personas influyentes de derecha, el resultado de las consecuencias descomunales para la libertad de expresión es el mismo: una sociedad privada de un discurso abierto y dominada por el miedo. La principal víctima de la actual cultura de las consecuencias, impulsada por el gobierno, es la propia Primera Enmienda.
© The New York Times 2025.
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