Esa ley estipula que los decretos sólo pueden ser rechazados con el voto mayoritario negativo del Senado y de la Cámara de Diputados. Es decir, el oficialismo de turno sólo necesita juntar una mayoría simple en una de las Cámaras. Además, si el Congreso no se pronuncia, los decretos permanecen vigentes.

A la inversa de lo que ocurre actualmente, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos. En caso de aprobarse, cambiaría por completo la lógica de los gobiernos en minoría, ya que sería prácticamente imposible que los Ejecutivos esquiven al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual.

A partir de ese momento, el proyecto quedaría listo para ser tratado en el recinto y los tiempos juegan en contra del oficialismo ya que la sanción podría llegar antes de las elecciones de octubre.