>Luiz Inácio Lula da Silva publicó este domingo en The New York Times una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de “sentar las bases para un diálogo abierto y directo” entre ambos países. En su mensaje, plantea su disposición a escuchar y considerar los intereses de todas las partes, recordando su historial en negociaciones tanto como líder sindical como en su rol al frente del Ejecutivo. Al abordar las recientes políticas comerciales de Washington, el mandatario brasileño señala que ha analizado de manera detallada los argumentos empleados por la Casa Blanca para justificar la imposición de un arancel del 50% a bienes del gigante sudamericano.

El presidente brasileño sostiene que la aplicación de medidas unilaterales constituye la elección errónea para corregir desequilibrios globales, y defiende el “multilateralismo” como herramienta para alcanzar soluciones más equitativas y balanceadas. Según Lula, el nuevo arancel impuesto a los productos brasileños carece de lógica y base económica. Argumenta que Estados Unidos no sostiene un déficit comercial con Brasil y que sus productos enfrentan cargas arancelarias escasas al ingresar en el país sudamericano. En los últimos quince años, subraya, Estados Unidos ha acumulado un superávit de más de 400 mil millones de dólares en el comercio bilateral de bienes y servicios con Brasil. Además, asegura que alrededor del 75% de los productos estadounidenses exportados a Brasil se encuentran exentos de aranceles y el promedio del arancel efectivo sobre esas operaciones alcanza apenas el 2,7%. Ocho de los diez principales productos estadounidenses, entre ellos petróleo, aviones, gas natural y carbón, ingresan sin barreras impositivas relevantes.

Lula interpreta que, ante la falta de argumentos económicos sólidos, el trasfondo de las medidas adoptadas por Washington es “de carácter político”. En ese sentido, alude a declaraciones de Christopher Landau, subsecretario de Estado, quien habría confirmado ante empresarios brasileños que los aranceles y la invocación de la Ley Magnitsky forman parte de una estrategia para procurar la “impunidad” de Jair Bolsonaro. El gobierno estadounidense, sostiene Lula en su artículo, emplea estos instrumentos para intervenir en procesos judiciales que involucran al ex mandatario después del fallido intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, dirigido a revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Lula.

El presidente de Brasil destaca la importancia de la reciente resolución del Tribunal Supremo, que refrenda la defensa de las instituciones del país y el respeto al marco democrático. Según Lula, la sentencia surgió como resultado de un proceso respaldado por la Constitución desde 1988, elaborada tras el fin de la dictadura militar. El fallo se apoyó en meses de investigación que evidenciaron planes para atentar contra la integridad de figuras clave del Estado, incluido el propio Lula, el vicepresidente y un juez de la Corte Suprema. También se detectaron diversos delitos orientados a revertir las elecciones de 2022.

Sobre el comercio digital y los servicios de pago, Lula refuta las acusaciones de competencia desleal y falta de cumplimiento ambiental. Explica que el sistema de pagos brasileño PIX permitió la inclusión financiera de millones de ciudadanos, facilitando operaciones rápidas, gratuitas y seguras sin discriminar a los actores internacionales. En el ámbito medioambiental, señala los esfuerzos recientes para reducir a la mitad la deforestación en la Amazonía, y la incautación de recursos fruto de delitos ambientales. Advierte que la supervivencia del mayor bosque tropical del mundo está condicionada al compromiso global para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El avance de la crisis climática pondría en riesgo la propia selva y alteraría el clima en todo el continente, incluido Estados Unidos.

El presidente brasileño advierte que cuando Estados Unidos decide romper con una relación de más de dos siglos, ambos países se ven afectados. Deja claro que las diferencias ideológicas no deben impedir la cooperación basada en intereses comunes.