Al respecto, el Gobierno alegó que estas conductas no solo constituyen un acto de vandalismo y deterioro del patrimonio común, sino que también afectan la convivencia social, lesionan el derecho de propiedad de terceros y generan gastos indebidos al municipio local, que debe afrontar la reparación y limpieza de los espacios públicos dañados.

Por esto mismo, consideraron “imperioso neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterarlo”, por lo que dispuso el registro de los involucrados en el programa Tribuna Segura y la prohibición de ingreso a todo evento deportivo en el territorio nacional durante seis meses.