>En el siglo XVII las autoridades de Francia, Inglaterra y los Países Bajos confrontaron la necesidad imperiosa de poner fin al dominio que Port Royal ejercía sobre el comercio entre Europa y los territorios americanos. Port Royal era un bullicioso refugio de piratas y la ciudad más rica del Caribe, base para bucaneros y corsarios y conocida por su libertinaje. Port Royal era el producto de equivocadas políticas públicas por parte de esas tres potencias europeas cuyas cabezas reinantes no aceptaron jamás la Bula Inter Caetera ni el Tratado de Tordesillas que asignaban y delimitaban el territorio de las Américas entre España y Portugal. Pero como el pontífice era el distribuidor del derecho divino, una pelea abierta no era aconsejable. De manera que adoptaron una forma de intervención no oficial armando ciudadanos de dudosa conducta para que atacaran los navíos portugueses y españoles provenientes de América. Estos señores conocidos como piratas y corsarios se adueñaron de un territorio en Jamaica desde donde partían sus exitosas operaciones de ataque y rapiña no solo a los buques y navíos sino a los puertos españoles y portugueses, estos últimos ubicados en Brasil. En síntesis, los piratas y corsarios se tornaron en una fuerza independiente que obligó a sus creadores a ponerles un ultimátum o confrontar la pena de muerte. Algunos negociaron, otros murieron en el maremoto que hundió a Port Royal, mientras que un puñado desafió a las tres coronas y fue condenado a la muerte.

Hasta el presente, el asunto había sido tratado por la vía diplomática exigiendo a las naciones del hemisferio dibujar y ejecutar planes de lucha contra la producción y tráfico de droga en sus territorios. Dichos planes eran condición sine qua non para obtener la certificación de Estados Unidos sin la cual el país que de ella careciera era y es sacado del sistema financiero internacional.

Este enfoque plantea la ejecución de tres pasos que Estados Unidos está ejecutando de manera pública y clara en el caso de Venezuela. En primer lugar, se hizo pública la condición delincuencial de los líderes del país incursos en crímenes relacionados con el tráfico de drogas. Esta etapa se ha cumplido al hacer los Estados Unidos públicas las órdenes de arresto que pesan sobre al menos tres de los gobernantes de Venezuela y que están asentadas en investigaciones de la Fiscalía. Luego se ofrecen recompensas por la captura de dichos líderes carentes de legitimidad política. Y finalmente se pone el caso en manos de los organismos competentes para atender las violaciones de la ley, que en el caso de los Estados Unidos son el FBI, el Marshall y el ejército.