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7 de agosto de 2025

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

La iniciativa fue aprobada de forma expedita por los 91 diputados que integran el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados

>La Asamblea Nacional (Parlamento) de La iniciativa, propuesta por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma expedita por los 91 diputados que integran el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados.

“Con la consigna de ‘Todos contra la corrupción, la Copresidencia de la República ha orientado la creación de una Procuraduría General de Justicia que, en conjunto con las instituciones correspondientes, identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente, sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente, y cotidianamente, perseguidos, identificados, procesados y penados”, indicó la dictadura en su exposición de motivos.

Será la instancia encargada de resguardar el patrimonio público “y combatir con contundencia, todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución; ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas del delito, incluyendo las que aquejan a toda la humanidad, como el lavado de activos, narcotráfico y el crimen organizado”.

En su exposición de motivos, la dictadura sandinista aseguró que ha instruido a las instituciones pertinentes “a desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente contra los intereses de las familias y el pueblo nicaragüense”.

La Procuraduría General de Justicia no permitirá, “de ninguna manera, disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo del erario y los patrimonios del pueblo nicaragüense”, sostuvo la Copresidencia.

Esa reforma parcial constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia tendrá que ser aprobada en segunda legislatura el próximo año para que entre en vigor.

Desde 2018, la dictadura sandinista ha desplegado un aparato represivo sistemático que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura a la prensa y persecución a defensores de derechos humanos e indígenas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de la fuerza letal contra manifestantes, la cancelación de más de 3.000 ONG, el cierre forzoso de universidades y la revocación masiva de nacionalidades. La reforma constitucional de 2025 consolidó esta represión al legalizar la confiscación de bienes, las deportaciones y el silenciamiento de cualquier voz disidente, mientras una red de vigilancia estatal identifica y neutraliza a opositores reales o percibidos.

(Con información de EFE)

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