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3 de julio de 2025

La ONU cierra filas en defensa de su alto comisionado tras ser declarado ‘persona non grata’ por el régimen de Nicolás Maduro

Volker Türk fue blanco de acusaciones por parte del Parlamento chavista, en medio de denuncias sobre torturas, desapariciones y restricciones a las libertades civiles

>El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este miércoles “plena confianza” en su alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, tras declararlo ayer elEl secretario general tiene plena confianza y pleno respeto por el trabajo del Sr. Türk como alto comisionado para los derechos humanos. Anima a todos los Estados miembros a cooperar con la oficina de la ONU para los derechos humanos (Acnudh)”, dijo a EFE su portavoz, Stéphane Dujarric.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, declaró ayer ‘persona non grata’ a Türk, y a los miembros de su oficina, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores de edad “retenidos” en Estados Unidos.

La toma de postura del parlamento se produce en un contexto de creciente descontento de Venezuela con la oficina de Türk.

En febrero de 2024, el régimen chavista suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.

Sin embargo, dos meses después, Nicolás Maduro invitó a la oficina del Acnudh a volver a Venezuela y propuso superar “las diferencias”, una vuelta que se concretó más de medio año después.

Desde al menos 2017, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. En su informe más reciente, la Misión concluyó que las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, ejecutaron acciones coordinadas que incluyeron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. En particular, se identificaron al menos 25 muertes ocurridas durante protestas poselectorales, la mayoría por disparos directos en la cabeza o el torso.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, diversas organizaciones internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron graves irregularidades y un clima de represión generalizada. Se reportaron más de dos mil detenciones arbitrarias, decenas de las cuales afectaron a menores de edad, así como al menos 24 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Las autoridades también recurrieron a leyes antiterroristas para criminalizar la protesta social y restringir el accionar de la oposición, generando un ambiente de miedo e impunidad.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado sobre el incremento sostenido en las agresiones contra periodistas, activistas y líderes comunitarios. Solo en la primera mitad de 2024 se documentaron más de 590 ataques contra la prensa y la sociedad civil, un 92% más que el año anterior. El Foro Penal ha registrado al menos 64 desapariciones forzadas vinculadas a detenciones ilegales por motivos políticos, lo que refleja una política estatal de silenciamiento y castigo a la disidencia.

(Con información de EFE)

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