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26 de junio de 2025

Comenzó el juicio contra la ex pareja de un preso que extorsionaba y cobraba protección a comerciantes en Rosario

Fabio Giménez manejaba un polirrubro desde el encierro. Realizaba extorsiones y homicidios por encargo. La mujer organizaba todo desde afuera

>El juicio oral contra Samanta Joana Vilches, una expareja de un preso vinculado a la narcocriminalidad, comenzó ayer miércoles en Rosario. La mujer está acusada jugar un papel central en la gestión de las extorsiones perpetradas contra comerciantes en el primer semestre de 2022. Su novio era quien organizaba los ataques desde la cárcel, si no pagaban el dinero que les exigían.

Durante la apertura del juicio, el fiscal Pablo Socca focalizó el alegato en la sofisticación de los esquemas delictivos comandados desde las cárceles de Santa Fe, abordando la expansión de lo que denominó “pymes carcelarias”.

Antes de la detención de Vilches en mayo de 2022, su vínculo personal con Fabio Giménez fue clave para el funcionamiento de una estructura que mezclaba extorsiones, amenazas y homicidios encargados desde la cárcel. Giménez, con múltiples condenas vigentes, articulaba estos delitos a través de familiares, parejas y menores de edad, funcionando desde una celda compartida en la prisión de Coronda.

Entre los episodios detallados en la acusación figura el caso de un empresario del sector de mudanzas y transportes, quien fue objeto de persecución sistemática y amenazas directas. De acuerdo con la instrucción judicial, Vilches identificó y recolectó información sobre el entorno familiar de la víctima, facilitando la extorsión.

Otro de los hechos más graves se refiere al dueño de un comercio en barrio Las Heras, quien tras recibir reiterados mensajes extorsivos sufrió un ataque armado sobre la fachada de su local. Las amenazas concluyeron con el pago de 280 mil pesos, según consta en los testimonios y pruebas presentadas.

El fiscal Socca argumentó que estas maniobras respondían a una lógica de mercado criminal instaurada desde 2021 en Rosario: el cobro de dinero a comerciantes bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a eventuales ataques. “Protección de quién, si no de los mismos extorsionadores”, planteó Socca. Bastaba con dejar un cartel con un número de teléfono y, en ocasiones, disparar contra el local para instalar el miedo y activar el pago.

Las maniobras incluían tanto extorsiones directas como la disposición de mano de obra que ejecutaba los ataques, a menudo seleccionados entre sectores marginalizados y tercerizados. El celular como herramienta fundamental, ingresado de forma ilícita a los pabellones, fue el nexo entre el liderazgo carcelario y las calles rosarinas.

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