La Corte Suprema dejó firme la condena a un ex agente penitenciario que abusó sexualmente de una mujer con arresto domiciliario

26 de junio de 2025

La Corte Suprema dejó firme la condena a un ex agente penitenciario que abusó sexualmente de una mujer con arresto domiciliario

Fue a la casa de la víctima a ponerle la tobillera y luego regresó varias veces donde la extorsionó y amenazó con hacer informes negativos para que se le caiga el beneficio a cambio de sexo

>La Corte Suprema de Justicia de la NaciÃ³n dejÃ³ firme la condena a ocho aÃ±os y medio de prisiÃ³n contra Fernando VÃctor Alfonzo, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusado de abuso sexual agravado. La vÃctima era una mujer de 43 aÃ±os que cumplÃa arresto domiciliario con tobillera electrÃ³nica en su vivienda del partido bonaerense de Moreno, en el marco de una causa por trata de personas.

Todo comenzÃ³ el 27 de febrero de 2019, cuando Alfonzo â€”entonces ayudante de tercera del SPF e integrante del equipo tÃ©cnico de la DirecciÃ³n de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia ElectrÃ³nica (DAPBVE) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la NaciÃ³nâ€” se presentÃ³ en el domicilio de la mujer para instalarle el dispositivo de control electrÃ³nico, conforme a lo ordenado por el Tribunal Oral Federal Nº5 de San MartÃn.

Cinco dÃas despuÃ©s, Alfonzo regresÃ³ a la vivienda para reacomodar el equipo de monitoreo que, segÃºn dijo, habÃa quedado mal colocado. En esa visita, la invitÃ³ a caminar por el jardÃn y le indicÃ³ que podÃa desplazarse dentro de ese perÃmetro. Fue en ese contexto que la tocÃ³ del hombro, le preguntÃ³ si estaba sola y le sugiriÃ³ que podÃa drogarse o consumir alcohol sin que nadie se enterara.

No fue el Ãºnico episodio. Durante el resto del mes de marzo de 2019, Alfonzo volviÃ³ al menos tres veces mÃ¡s a la casa de la vÃctima: los dÃas 7, 8 y 28. En todas las visitas repitiÃ³ el mismo patrÃ³n: extorsiÃ³n, amenazas y abuso, siempre con la advertencia de que cualquier informe negativo de su parte podÃa alterar la situaciÃ³n judicial de la mujer.

El ciclo se rompiÃ³ cuando una de las hijas de la vÃctima advirtiÃ³ el cambio de comportamiento de su madre al ver llegar al funcionario. En una de esas ocasiones, lo enfrentÃ³ directamente y le exigiÃ³ que se alejara.

Durante el juicio oral celebrado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San MartÃn, el fiscal general Alberto Gentili solicitÃ³ una pena de 8 aÃ±os y 9 meses de prisiÃ³n, ademÃ¡s de la inhabilitaciÃ³n especial perpetua para ejercer funciones en fuerzas de seguridad.

En su alegato, Gentili destacÃ³ que el hecho encuadraba como una forma de violencia institucional ejercida por un funcionario pÃºblico sobre una mujer en situaciÃ³n de vulnerabilidad, y reclamÃ³ atenciÃ³n especial a los compromisos internacionales en materia de integridad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

En su fallo, los jueces destacaron que en este tipo de casos, cometidos en la intimidad y sin testigos presenciales, debe aplicarse el principio de amplitud probatoria de la Ley de ProtecciÃ³n Integral de las Mujeres, que otorga especial relevancia a la declaraciÃ³n de la vÃctima.

A su vez, el tribunal enviÃ³ un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitando que se evalÃºe la conveniencia de que el control del arresto domiciliario de mujeres no estÃ© a cargo de personal masculino, y que se refuerce la capacitaciÃ³n del personal de la DAPBVE, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar el cumplimiento efectivo de las Reglas de Mandela, ademÃ¡s de las disposiciones de la ConvenciÃ³n de BelÃ©m do ParÃ¡.