21 de abril de 2025
El caso “Chocolate” sigue sumando sorpresas: la “empleada” de la Legislatura que vivía en España, y las visitas a la cancha de Estudiantes

Los datos figuran en el pedido de elevación a juicio de la Fiscalía de más de 450 páginas. Se detectaron al menos 15 empleados que tenían dos trabajos y decenas de irregularidades administrativas. Para la Justicia, el perjuicio al Estado de la maniobra supera los 800 millones de pesos
Para los investigadores, la cabeza de la asociación ilícita fue Claudio Albini, que sigue detenido junto a su hijo. En la causa se comprobó que tenía encuentros con Rigau antes y después de las “giras de recaudación”, aunque nunca aparecieron mensajes de WhatsApp entre ambos. También se determinó que recibió varias de las tarjetas y que tenía la posibilidad de otorgar contratos desde su cargo en el área de Personal.
A Facundo Albini también lo hundieron Después de cada recaudación, Rigau le rendía a Facundo Albini los comprobantes de los movimientos bancarios. Hay decenas de fotos. Uno de esos tickets correspondía a la tarjeta de Perla de Micheli, la suegra del ex concejal.
El hijo de Claudio Albini fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura y luego fue concejal en la lista que acompañaba a Julio Alak. Pero su carrera política se terminó con este escándalo.Al momento de defenderse, Facundo Albini intentó probar que estaba peleado con su padre para intentar desligarse de la maniobra. Para probarlo, planteó que le pidan información al club Estudiante de La Plata. Eso probaría que habían dejado de ir a la cancha juntos. El club contestó que no tenía imágenes almacenadas y solo aportó las constancias de ingreso mediante la utilización de código QR. Para la fiscal, no eran suficientes para probar un supuesto distanciamiento.La fiscal Lacki fue muy crítica con las autoridades de la Cámara de Diputados, que colaboraron a cuenta gotas con la Justicia, y con el resultado de la auditoría interna que se sumó a la causa un año y medio después del escándalo. Ese informe determinó que no hubo perjuicio al Estado provincial pero impulsó una “normalización” de los empleados involucrados en la maniobra.Cuando fue detenido, en septiembre de 2023, Rigau tenía la tarjeta de débito de Rodriguez, entre otras personas. Pese al escándalo, la Cámara de Diputados rescindió el contrato de esa mujer el 31 de octubre de ese año, sin hacer mención al escándalo.
La “normalización” que inició la Cámara de Diputados provocó además el despido de al menos 15 “empleados”. Muchos de ellos declararon ante la Justicia y confirmaron que tenían otros trabajos: Álvaro Agra dijo ser empleado de un comercio de Tigre, Ernesto Fabián Crivaro manifestó ser empleado de Buenos Aires Zona Franca La Plata, Maria Cecilia D’Ovidio refirió tener una panadería, y José Alberto Da Ponte dijo que trabajaba en un comercio de lotería. En el listado de casos irregulares aparecen dos de los hijos de Rigau: Gerardo Roman (trabajaba en el hipermercado Chango Más) y Maximiliano Gastón (dijo ser empleado de una distribuidora de aguas y gaseosas). También había un huevero, un albañil, y hasta una ama de casa.
Pese a las irregularidades administrativas encontradas dentro de la Cámara de Diputados bonaerense, la investigación judicial solo apuntó a Claudio Albini. Nunca fueron citados funcionarios clave comoLa oposición ensayó en su momento algunos pedidos de informes para conocer los detalles del sumario interno, y presentó Lo que sí se determinó fue que la maniobra que tuvo a “Chocolate” como la cara visible significó un perjuicio a la provincia de Buenos Aires de más de 800 millones de pesos. También se estableció que el fraude comenzó en 2022, cuando Albini fue nombrado como sub director de Personal. Esa fecha también coincidió con la contratación de al menos seis integrantes de la asociación ilícita: Julio Rigau, Ernesto Fabian Crivaro, Raúl Horacio Boragina, Rubén Alberto Mendivil, Maria Amanda Albino, y Rosana Silvia Delgado (ex esposa de Claudio Albini).En paralelo se iniciaron otras dos causas: la que investiga una maniobra similar con empleados del Senado provincial, y la que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Plata. Por ese expediente, este viernes hubo allanamientos. Un año y medio después del escándalo, la causa principal está a un paso del juicio oral. El dictamen de la fiscal ya está en poder de las querellas, que deberán opinar en los próximos, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Si no hay sorpresas, la última palabra estará a cargo del juez Guillermo Atencio.