20 de marzo de 2025
Cambio en la estrategia para la marcha: intentarán priorizar a la justicia federal si hay detenidos

En la mesa de coordinación entre Nación y Ciudad se habló de la actuación de la jueza porteña Karina Andrade, que fue acusada de prevaricato y ya recibió tres denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. “Dependerá de cada delito”, repiten los responsables del operativo
En Comodoro Py están alertas. La jueza que intervendría es María Eugenia Capuchetti junto con el fiscal Ramiro González. “Si hay incidentes graves se utilizará la figura de la intimidación pública para que intervenga el fuero federal”, advirtió uno de los funcionarios al tanto de la estrategia.
No sería la primera vez que se recurre a la Justicia federal por una marcha en las inmediaciones del Congreso. En junio del año pasado, con motivo de la protesta por la Ley Bases, Por los incidentes de esa marcha, solo quedaron detenidos cinco personas que luego fueron procesadas con prisión preventiva.
En las reuniones de coordinación que se hicieron en las últimas horas, entre Nación y Ciudad, se decidió reforzar los controles en los accesos a la Ciudad y utilizar vallas en los alrededores al Congreso, para evitar el “cuerpo a cuerpo” entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. También hubo recriminaciones por el operativo del miércoles pasado y se escuchó algún reclamo concreto por los piedrazos contra la Casa Rosada. “Eso no puede volver a pasar”, dijo uno de los presentes.El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad recurrieron a la justicia de la Ciudad y la decisión quedó en manos de Karina Andrade. La magistrada -que recibió los votos del peronismo y del kirchnerismo en la Legislatura- liberó a todos los detenidos a las 2 de la madrugada argumentando que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos. La decisión generó el enojo del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra Andrade por los delitos de “prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado”. El fiscal Eduardo Taiano ya dictaminó que esa presentación debería tramitar en la justicia de la Ciudad.“Se podría considerar que el accionar de la magistrada resulta irregular, ya que resolvió la liberación inmediata de 114 personas detenidas sin haber controlado la prueba ni verificado la existencia de antecedentes penales. Esta decisión resulta aún más grave si se tiene en cuenta que, varios de los involucrados presentaban un historial delictivo por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos, entre otros delitos”, explica la denuncia de Del Gaiso.
“Una vez que las denuncias estén ratificadas se estudiarán en la Comisión de Disciplina y Acusación, que tiene un plazo de 60 días para acusar o desestimar”, explicó una fuente que conoce el trámite interno. El final de ese proceso podría ser un juicio político contra la jueza, aunque hay muy pocos antecedentes.
Al margen de la polémica, la jueza siguió investigando y