>“Los dos o nada”. La frase que el oficialismo utilizó durante meses para impulsar en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema -ambos fueron designados “en comisión” por el Ejecutivo, y el segundo ya juró- se le volvió en contra a quienes ahora pretenden apurar y definir el destino de los dos magistrados en el recinto: el dictamen del académico aún no aparece y, de no mediar una solución en los próximos días, la única forma de incorporarlo en una sesión será a través de la habilitación con dos tercios, algo complejo y que ayuda al Gobierno.

Bajo este escenario, si cinco legisladores solicitaran una sesión y la misma fuera convocada por la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, la situación de Lijo podría debatirse sin problemas, siempre y cuando se logre iniciar dicho encuentro, con el quorum obligatorio de 37. En cambio, si García continúa sin un dictamen, en el mismo convite se deberá reclamar su habilitación sobre tablas, con dos tercios de los presentes.

Cuando nació el despacho a favor de Lijo, el de García-Mansilla quedó estancado entre cuatro y cinco firmas. Con la designación “en comisión” de ambos magistrados en el máximo tribunal de Justicia, un sector importante de la oposición quiso apurar el dictamen del académico. Y surgió un problema: las rúbricas a favor, que se encontraban en un papel no validado, partieron de recreo hacia una nebulosa.

En el lote de quienes firmaron -o no- algo sobre García-Mansilla en el pasado –el papel nunca oficial- y que ahora evitan expresarse para blindar al Ejecutivo son, además del oficialismo, tres legisladores radicales -Carolina Losada, por caso, quien sí milita en contra de Lijo-, y aliados como la pseudo macrista Beatriz Ávila -tiene la presidencia de la fastuosa y codiciada comisión bicameral que controla a la Biblioteca del Congreso- y el misionero renovador –no massista- Carlos Arce. El último