Graham se auto prorrogó el mandato el 7 de enero del corriente año. En el artículo 7 bis de la resolución que ella misma firmó, impuso: “En caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

Además, en el mismo se agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Según confiaron fuentes de la Defensoría en enero, un tema más que delicado y “ético” apunta a los casi 400 casos aún vigentes, en el sentido de un futuro oscuro sin la posibilidad de contar con la representación del organismo. Es decir, un arma de doble filo que, en el fondo, esconde una penosa guerra política.