Entre los puntos centrales, el magistrado destacó la restricción de la libertad condicional y el decomiso anticipado a favor del Estado. También subrayó el fortalecimiento de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de penas en casos de reiterancia delictiva y reincidencia.

En el ámbito de los delitos patrimoniales, la reforma incluye nuevas figuras para estafas piramidales, fraudes informáticos y estafas mediante inteligencia artificial, con penas de hasta siete años de prisión y multas de entre dos y cinco veces el beneficio obtenido. Asimismo, se propone una revisión de las penas por usurpación, incendios, estragos y portación ilegal de armas, con sanciones más estrictas para quienes atenten contra la seguridad pública.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la regulación de los delitos en manifestaciones públicas. Borinsky detalló que la propuesta prevé hasta tres años de prisión para quienes entorpezcan el tránsito sin autorización y hasta dos años para quienes arrojen objetos contundentes durante protestas. La pena se agrava en caso de agresiones a fuerzas de seguridad. Además, se incorpora una regulación específica para delitos en el deporte y en eventos masivos, con sanciones dirigidas a quienes fomenten la violencia en estos ámbitos.