27 de febrero de 2025
Las Cataratas del Iguazú cambian de dueño en Brasil: los detalles de la decisión judicial
Un fallo determinó que el estado de Paraná ahora tiene derecho a una parte de los ingresos generados por el turismo, lo que incluye un porcentaje de la recaudación bruta de la taquilla del parque
El origen de esta disputa se remonta a 2018, cuando el gobierno brasileño presentó una acción judicial para anular un registro realizado por el estado de Paraná en el registro civil de Foz do Iguaçu, en el que este último reclamaba la propiedad del área en cuestión. Según el gobierno federal, el territorio era considerado tierra desocupada, lo que lo clasificaba como propiedad de la Unión. Sin embargo, el estado de Paraná argumentó que el área había sido adquirida en 1919, tras ser comprada a un particular llamado Jesús Val, quien había recibido la concesión del terreno por parte del Ministerio de Guerra en 1910.
El juez Luiz Antonio Bonat, relator del caso en el TRF-4, respaldó la posición de Paraná al considerar que el área no era tierra desocupada, ya que había sido transferida al dominio privado antes de ser adquirida por el estado. Esta interpretación fue apoyada por los jueces João Pedro Gebran Neto y Gisele Lemke, quienes también participaron en la votación. Según el fiscal Júlio da Costa Aveiro, esta decisión representa una “gran victoria” para Paraná.El impacto económico de esta decisión ha sido destacado por el diputado estadual Luiz Fernando Guerra, quien celebró el fallo como un logro significativo para la población de Paraná. Guerra subrayó que los ingresos generados por el parque podrían ser reinvertidos en el estado, beneficiando la economía local, fomentando la creación de empleo y fortaleciendo los esfuerzos de conservación ambiental. “Nada más justo que invertir parte de esos recursos en el estado donde están las Cataratas del Iguazú”, afirmó el parlamentario.La Abogacía General de la Unión (AGU) ha argumentado que la Constitución de 1988 establece que las tierras desocupadas esenciales para la defensa de las fronteras pertenecen a la Unión. Esto incluye una franja de hasta 150 kilómetros (93 millas) de ancho a lo largo de las fronteras terrestres, conocida como franja fronteriza, que se considera fundamental para la seguridad nacional. En este contexto, la AGU sostiene que el área en disputa debería permanecer bajo control federal.
Por otro lado, el fallo del TRF-4 se basa en la interpretación de que el terreno ya no puede considerarse desocupado, dado su historial de concesión y posterior transferencia al dominio privado. Este argumento ha sido clave para justificar la transferencia de la titularidad al estado de Paraná.La decisión judicial ha puesto en el centro del debate no solo la titularidad del territorio, sino también el modelo de gestión de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Brasil. Mientras el estado de Paraná celebra la posibilidad de reinvertir los ingresos en su economía local, las autoridades federales y los defensores del medio ambiente advierten sobre los riesgos que esta medida podría representar para la conservación de las Cataratas del Iguazú y su entorno natural.