19 de febrero de 2025
Unificaron la base de datos para la contratación de obras públicas y servicios de consultoría

Toda la información se centralizará en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). El objetivo es simplificar los procedimientos de contratación pública
La centralización de la información en una única base de datos tiene el propósito de evitar la duplicación de documentación y asegurar que todos los interesados en contratar con el Estado cumplan con los mismos requisitos. Hasta la entrada en vigencia de la reglamentación del decreto, seguirán operativos los sistemas de inscripción y registro previos.
Esta medida responde a los cambios introducidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que modificó el régimen de concesiones y estableció que el Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorias no serán de aplicación directa, supletoria ni analógica en estas contrataciones. Como resultado, se establece un nuevo sistema de inscripción para los contratistas de concesiones de infraestructura y servicios públicos, aunque las condiciones específicas serán definidas en la reglamentación correspondiente.
Según los considerandos de la norma, la eliminación de estos registros y la unificación de la información en una única base de datos buscan reducir la burocracia y simplificar los procedimientos de contratación pública. La coexistencia de múltiples registros con requisitos diferentes había generado superposición de normativas y trámites innecesarios para las empresas que buscaban participar en licitaciones estatales.El decreto establece que sus disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, su aplicación a los procedimientos de selección regidos por el Decreto Nº 1023/01 y las Leyes Nº 13.064 y 17.520 se hará efectiva solo para aquellos que sean autorizados después de la reglamentación de la normativa.
Hasta que se apruebe la reglamentación, continuarán vigentes los actuales regímenes de registro e inscripción de proveedores. Además, el decreto establece que deberá darse cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley Nº 26.122, que regula la intervención legislativa en los decretos delegados por el Poder Ejecutivo.