>La justicia de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre fraudes financieros cuando involucran a inversores estadounidenses o utilizan tecnología del país. En el caso de la criptomoneda $LIBRA, a pesar de no ser un activo con base en EEUU, las autoridades de ese país pueden actuar debido al uso de la red social X (Twitter) para su promoción y la afectación directa a ciudadanos estadounidenses, explicaron a Infobae expertos en el sistema legal estadounidense. En ese terreno, aparecen los eventuales delitos por los cuales se podría investigar al Presidente Javier Milei y a quiénes hayan tomado parte en la operación.

Si Milei estuvo personalmente involucrado en el esquema de ‘pump and dump’, las autoridades de EEUU podrían investigarlo, demandarlo o acusarlo legalmente bajo estas leyes >Las regulaciones financieras de EEUU “han demostrado su alcance extraterritorial, permitiendo el procesamiento de extranjeros involucrados en fraudes con criptoactivos cuando afectan a ciudadanos estadounidenses o utilizan infraestructura digital del país >Uno de los posibles delitos es el de fraude electrónico (Wire Fraud). Esta norma penaliza el uso de comunicaciones electrónicas en esquemas fraudulentos. Dado que la estafa de $LIBRA se desarrolló a través de redes sociales y otros medios digitales, se podría configurar un caso clásico de ese delito, con penas de hasta 20 años de prisión.

Otro delito aplicable, explicaron los expertos legales, es la conspiración para cometer fraude. Si los involucrados coordinaron acciones para inflar artificialmente el valor de $LIBRA antes de venderlo (lo que se conoce como pump and dump), podrían ser acusados de conspiración para cometer fraude electrónico o de valores, con sanciones de hasta 20 años de cárcel.

En caso de que $LIBRA no sea considerado un valor negociable sino una commodity como Bitcoin o Ethereum, la regulación estaría a cargo de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La ley que rige esos mercados “se prohíben prácticas fraudulentas en la negociación de commodities”. Esta legislación ha sido utilizada en el pasado para perseguir fraudes con criptomonedas, con sanciones que incluyen multas millonarias y prohibiciones para operar en mercados estadounidenses.

El lavado de dinero es otro de los delitos que podría investigarse. Si los beneficios obtenidos con la estafa fueron canalizados a través de instituciones financieras o convertidos en otros activos para ocultar su origen, los responsables podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por esa infracción.

Las autoridades estadounidenses tienen herramientas legales para investigar y sancionar este tipo de fraudes, incluso cuando los responsables están fuera de su territorio. Factores como la afectación de ciudadanos estadounidenses, el uso de tecnología basada en EE.UU. y la regulación de los mercados de valores y commodities permiten a organismos como el Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC actuar en estos casos.