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4 de diciembre de 2024

Un arquitecto, un contratista y un inversor de una obra de lujo en Nordelta fueron detenidos por explotación laboral

Los arrestaron tras el hallazgo de 24 trabajadores en condiciones precarias en un exclusivo desarrollo inmobiliario. Además, un cuarto sospechoso permanece prófugo

>Un arquitecto, un contratista y un inversor fueron detenidos tras un operativo realizado en un exclusivo desarrollo inmobiliario en construcción en la zona de Nordelta, en el partido de Tigre, donde la Dirección General Impositiva (DGI) descubrió a 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral. Además, en el marco de la investigación, un cuarto sospechoso permanece prófugo.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la causa también interviene la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi.

Durante el operativo, se verificó que los trabajadores no solo “recibían salarios muy bajos”, sino que también “se les restringía la libertad de movimiento”, agregaron las fuentes.

Como resultado de las tareas de fiscalización, fueron arrestados tres de los cuatro presuntos responsables del emprendimiento: el arquitecto, el contratista y un inversor. En tanto, otro inversor cuenta con un pedido de captura y es buscado por las autoridades.

La DGI, junto con el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y personal de fiscalización de la Dirección Regional Norte de la DGI - ARCA, llevó a cabo el allanamiento con la colaboración del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Las declaraciones de los trabajadores fueron documentadas en actas para ser analizadas por los investigadores, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y proceder con las acciones legales correspondientes.

Un matrimonio oriundo de Córdoba fue En la denuncia contra E.H. y A.A., presentada en 2021, se los acusó de captar, trasladar y someter a explotación laboral a L.G. desde que tenía 13 años. Los imputados habrían aprovechado el estado de vulnerabilidad de la menor para llevarla a su domicilio en Córdoba y obligarla a realizar trabajos domésticos sin remuneración, sin registrarla formalmente y sin que tuviera “posibilidad de socializar con pares, de estudiar, y de tener una vida digna” conforme a los “derechos esenciales de su niñez y adolescencia”.

Así las cosas, E.H. y A.A. enfrentan cargos por conductas tipificadas en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que contemplan penas de cuatro a doce años de prisión para delitos de trata de personas.

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