El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la causa también interviene la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi.

Durante el operativo, se verificó que los trabajadores no solo “recibían salarios muy bajos”, sino que también “se les restringía la libertad de movimiento”, agregaron las fuentes.

Como resultado de las tareas de fiscalización, fueron arrestados tres de los cuatro presuntos responsables del emprendimiento: el arquitecto, el contratista y un inversor. En tanto, otro inversor cuenta con un pedido de captura y es buscado por las autoridades.