La decisión del Gobierno pasó casi desapercibida; en esa misma conferencia de prensa el funcionario dijo: “Por orden del Presidente de la Nación, y detrás del trabajo de siempre, del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio -popularmente conocida como jubilación de privilegio- que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo (...) Esto significa para los argentinos un ahorro - al menos - de la asignación, que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos mensuales”. La atención periodística y ciudadana puso el foco en la medida que la ex mandataria apeló el viernes ante la propia ANSES a través de un “recurso de nulidad”.

Los convenios fueron firmados de manera directa con la mayoría de las cooperativas kirchneristas, ligadas a los movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros, que por entonces militaban en los barrios populares en favor de Unión por la Patria.

El anuncio de la firma de convenios que se financiaba con fondos del ex Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, por entonces a cargo de Daniel Filmus, y la ex cartera de Desarrollo Social, que conducía la actual diputada nacional Victoria Tolosa Paz, fue anunciado el 15 de marzo de 2023. La presentación se denominó “Encuentro de saberes para la economía popular” y de la firma de la carta de acuerdo para “la convocatoria 2023 de Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular”, tomaron parte, además de los dos integrantes del gabinete nacional, Pérsico y Grabois. La iniciativa, según declararon, buscaba “mejorar la integración productiva de la economía popular de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP)”.

En palabras de los funcionarios de la actual secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, los proyectos aprobados por el gobierno de Fernández, que se canalizaban a través de Universidades Nacionales “no estaban relacionados al desarrollo del país” sino que se hicieron para “financiar a los movimientos sociales que formaban parte del ex gobierno y que se superponían con programas similares que había en Desarrollo Social. No tenían ningún tipo de control y muchos de ellos ni siquiera se ejecutaron”.

Cada uno de esos convenios recibía un subsidio de entre 3 y 10 millones de pesos. Y eran cursados a través de universidades como la de Tres de Febrero, La Plata, Tucumán, Chaco, Avellaneda, Quilmes y Arturo Jauretche y Hurlingham, entre otras.

En total fueron derivados $1.200.256.970 millones abonados en tres tramos: los dos primeros por $500.000.000 y uno de $200.256.970.

Y destacó: “Entre los proyectos más notables, que se financiaban -por ejemplo- está la plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias, de la economía popular, perteneciente a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (vinculada a Juan Grabois) junto a la universidad de Buenos Aires”.

“Esto demandó una erogación de 6.410.000 pesos. Otro programa era el fortalecimiento de registro y comunicación, de la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” (vinculada a Emilio Pérsico), junto a la Universidad de San Martín. En esto se gastaron 7.750.121 pesos. Otro programa se llamaba Taller de Madera, de la Asociación Civil “Néstor vive”, con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esto demandó más de 10 millones de pesos”, detalló.

El vocero presidencial también destacó: “El 75% de los investigadores trabaja en universidades y organismos públicos, cuando debería existir una proporción mayor - en el sector privado - que es el verdadero motor productivo del país, como tantas veces lo hemos dicho”.

El diagnóstico que realizó de su área a través de las auditorías que ordenó, cumpliendo órdenes del presidente Javier Milei en materia de políticas de Ciencia y Tecnología fue calificada por los funcionarios del área como “preocupantes”. Entre otras irregularidades detectaron:

● “Había más de 70 programas para transferencias en Ciencia y Tecnología, muchos de ellos superpuestos con los de la Agencia I+D+i”.

● “Se financiaron proyectos que nada tenían que ver con el desarrollo productivo del país ni con esta Secretaría”.

● “En 2022 se registraron 1.285 solicitudes de patentes, una caída del 26% con respecto a los 10 años anteriores, lo que muestra una política científico-tecnológica que no alienta la innovación”.

● “En la Agencia I+D+i detectamos una asignación ineficiente de recursos, ineficacia en el funcionamiento de la red de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) y falta de evaluación de impacto”.

El enfoque en la economía popular se justificó por la necesidad de impulsar sectores que tradicionalmente no han tenido acceso a recursos tecnológicos avanzados. Sin embargo, esta metodología no discrecional ha generado debate sobre la pertinencia de las decisiones tomadas, especialmente en un contexto donde la innovación tecnológica es clave para el desarrollo económico.

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