El dictamen de mayoría firmado por el PRO, libertarios y radicales establece que la inhabilitación para ser candidato correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. En este caso, la confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación. Sin importar que CFK todavía puede apelar a la Corte Suprema de la Nación.

El martes pasado, en el primer intento de debatir el proyecto, el PRO y sus aliados sumaron 128 presentes y quedaron al borde del quórum (129). Si bien era previsible la ausencia de los 99 diputados de Unión por la Patria y de los 5 miembros del Frente de Izquierda, lo llamativo fueron las ausencias de los “propios”. Principalmente del PRO y de LLA, que fueron quienes más impulsaron la sesión y la norma.

En tanto, del bloque de Encuentro Federal, los ausentes fueron Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Avila y Alejandra Torres. El diputado Esteban Paulón llegó un minuto tarde.