El ecosistema político legislativo también fue blanco de esta vigilancia, con un foco en figuras prominentes como Arthur Lira, actual presidente de la Cámara de Diputados, y su predecesor Rodrigo Maia. Esta operación de vigilancia se extendió al periodismo, donde reporteros como Mônica Bergamo de Folha y Vera Magalhães de O Globo figuran entre los afectados.

Los alcances de la operación, denominada “Última Milla”, se extienden también al monitoreo de al menos un exgobernador, João Doria, quien desempeñaba su cargo bajo las filas del PSDB. Al mismo tiempo, funcionarios del Ibama y la Receita Federal también se convirtieron en sujetos de vigilancia. Todo esto ocurrió al amparo de una “Abin paralela”, una organización considerada ilegal y dedicada a la vigilancia de autoridades públicas y a la creación de noticias falsas.

Se ha iniciado una investigación para determinar si se usó el software FirstMile para geolocalizar y hacer seguimiento de los jueces del STF y políticos considerados adversarios del ex presidente Bolsonaro. El objetivo de estas acciones es desmantelar la “Abin paralela”, la cual es identificada como una “organización criminal”, dedicada a actividades de espionaje ilegal.