Cabe recordar que el 8 de enero de 2023, miles de opositores a Lula Da Silva, presidente electo del Partido de los Trabajadores (PT), asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado. Una turba de simpatizantes del expresidente Bolsonaro irrumpió en los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), y destrozó las instalaciones en rechazo al nuevo mandato de Lula, quien había asumido tras vencer las elecciones en 2022.

El Por esos días, el Gobierno argentino promulgó el Decreto 942/2024, que introduce modificaciones clave en la normativa sobre el reconocimiento de refugiados. Este decreto establece que no se reconocerá la condición de refugiado a personas extranjeras involucradas en delitos internacionales graves, tales como delitos contra la paz, delitos de guerra o delitos contra la humanidad, ni a quienes hayan cometido delitos graves fuera de Argentina antes de solicitar asilo.

El decreto también establece que el estatus de refugiado no se otorgará a personas involucradas en actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas, como actividades terroristas, violaciones graves de derechos humanos o cualquier acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales. Además, se cita el artículo 20 de la Constitución Nacional, que otorga a los extranjeros derechos civiles equivalentes a los de los ciudadanos argentinos, con ciertas restricciones definidas en la Ley de Migraciones N° 25.871, que permite la expulsión de extranjeros por razones de seguridad nacional o de orden público, siempre que dicha expulsión garantice la protección contra la devolución forzada.