15 de noviembre de 2024
Detectaron que más de 200 presos cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo descubrió después de un nuevo entrecruzamiento de datos. A estos se suman los 331 prófugos de la justicia que percibían el mismo beneficio por parte del Estado
>En un Nuevo operativo llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presos cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.
La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, en palabras del titular de la ANDIS.
El dato de los prófugos y presos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS, surgió a partir de las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.
El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el país, y la cifra de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada jurisdicción provincial cuenta con sus propios registros de personas procesadas y condenadas. Como resultado de esta auditoría, se procedió a dar de baja a estos beneficiarios, con el objetivo de devolver esos recursos a los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.La ANDIS ha reafirmado su compromiso de asegurar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente los necesitan, y este operativo es un ejemplo de la importancia de la vigilancia para prevenir el fraude y el abuso del sistema. “La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes”, afirmaron desde la Casa Rosada.
“Los parásitos cayeron en su propia trampa”, dijo Adorni el 25 de octubre, fecha en que reveló el número de prófugos detenido al ser citados por la ANDIS para ser auditados, un proceso de validación de datos que puso en marcha Spagnuolo. “Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”, destacó el vocero presidencial.
Según pudo saber Infobae a través de funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria”.
Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ANDIS publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro de Salud Mario Antonio Russo, -fue reemplazado por Mario Lugones- la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.La nueva norma establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:- “En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.Desde la publicación de la nueva normativa y las disposiciones de la autoridades de La Libertad Avanza, las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Para Spagnuolo: “Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan”.
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