Para que se vea con claridad, el proceso es el siguiente: con la aprobación de ambas cámaras un proyecto se convierte en ley; el Ejecutivo la puede promulgar expresa o implícitamente dentro del plazo de diez días o bien vetarla. “En su diseño original, -explica Valeria Palanza, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton- el veto presidencial es una atribución pensada para forzar el consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tiene el poder de hacer que tanto el Congreso como el Presidente moderen sus posturas y se acerquen a posiciones aceptables para el otro actor”.

Conforme el art. 83 de la Constitución Nacional, si el Congreso insiste con las dos terceras partes de los legisladores presentes de la Cámara de origen, el Ejecutivo no tiene más alternativa que promulgar la ley. Pero, tal como hemos podido apreciar a través de las declaraciones de los ministros y el vocero presidencial, incluso si el Legislativo hubiera insistido en las referidas leyes, su intención era no promulgarlas y llegó a anunciar que realizaría algún planteo judicial.

Pero más allá de eso, es importante verificar nuestra actual situación político institucional y su proyección en tanto pueda afectar el equilibrio de los poderes y la paz social.