>El gobierno de Javier Milei decidió reestructurar el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte. El plan está a cargo de un “equipo interdisciplinario”. El Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, anunció que no habrá nuevas internaciones -actualmente hay 19 de las 60 camas ocupadas- y que la guardia externa seguirá funcionando. La decisión estuvo motivada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), fechada en abril de este año, pero que se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández. Su resultado es alarmante y marca graves observaciones “de alto impacto” para los pacientes y el funcionamiento del centro de salud mental, único de referencia nacional. Infobae accedió al informe de 40 páginas, identificado con el número 88/2023.

La Ley busca garantizar un “abordaje más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos en el tratamiento de las personas con padecimientos mentales, favoreciendo la atención comunitaria y limitando el uso de internaciones”.

Uno de los puntos salientes de la ley marca: “El paciente tiene derecho a que se respete su intimidad y dignidad durante todo el proceso de atención médica. Cualquier intervención médica debe realizarse en condiciones que garanticen la privacidad del paciente”. Y agrega: “La Historia Clínica es un documento único, que debe contener toda la información sobre los tratamientos y atenciones del paciente con los registros de todos los actos médicos realizados”.

Entre junio y septiembre de 2023 los auditores de la SIGEN evaluaron “el procedimiento que realiza el Servicio de Atención de la Demanda Espontánea”. Para eso, describe el informe, “se relevaron y analizaron los registros de datos utilizados y las Historias Clínicas en formato papel. A su vez, se examinaron las actividades desarrolladas por los agentes intervinientes en el proceso auditado”. Los resultados, según dejaron escrito, fueron de “impacto alto”. Entre los principales descubrimientos los auditores destacaron:

El informe de la SIGEN también advierte: “En algunos casos se constató un control y una nueva evaluación respecto de las dosis suministradas según el plan de medicación, pero en algunas historias clínicas no estaba el nombre del médico. El incumplimiento normativo verificado puede resultar en un riesgo para la salud de los pacientes ante la falta de evaluación por parte de un profesional médico”.

Las historias clínicas también presentaban otras falencias graves. Por ejemplo, “se observaron debilidades en la recolección de antecedentes personales de salud y enfermedades previas del paciente, así como detalles del tipo, frecuencia y duración de la problemática de consumo de sustancias si la hubiere, siendo que este tipo de información al ingreso constituye un recurso que podría resultar importante con relación al tratamiento a seguir”.

Los auditores destacaron: ”La Ley N° 26.529 indica en su artículo 15 -exige- el deber de asentar en la historia clínica de cada paciente los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere”. A modo de ejemplo, la SIGEN cita la historia clínica N° 22.328 en donde el paciente manifiesta “haber realizado un tratamiento previo tanto en el Hospital -Laura Bonaparte- como en el Hospital Fernández”; sin embargo en la Historia Clínica “no constan tales antecedentes ni un pedido de información a la otra institución”. Tampoco consta que el paciente era “consumidor de marihuana”.
En el informe fueron volcados otros ejemplos, los cuales le permitieron a la SIGEN concluir que “la debilidad en la sistematización de información relevante para el tratamiento del paciente impacta en el tipo de abordaje terapéutico y farmacológico, aumentando el riesgo de subestimar problemáticas complejas de salud mental, a la vez que dificulta el seguimiento y la toma de decisiones para los profesionales intervinientes”.
El jueves, las autoridades del Ministerio de Salud ratificaron que el gobierno nacional “está instrumentando un plan de reestructuración” del Hospital Laura Bonaparte con el objetivo de optimizar los recursos y generar mayor acceso a la atención y, contra la primera versión que se difundió por parte de la cartera de Salud sobre el cese de la actividades del centro de salud se insistió en que “no existe una decisión de cierre o despido de personal de esa institución ni de ningún otro centro de salud que depende de la Nación”. Lo dijo la viceministra de la cartera, Cecilia Loccisano quien el martes, en el piso 8 del Ministerio de Salud, ubicado en Lima 320, le dijo a Infobae: “La ineficiencia en la asignación de recursos fue uno de los motivos que llevaron al Ministerio de Salud a iniciar el plan de reestructuración” y describió: “El hospital tiene 60 camas de internación pero un promedio de ocupación mensual inferior a 20, lo que evidencia un uso subóptimo de las instalaciones. A su vez, los consultorios externos, que cuentan con 38 salas, atienden a entre 200 y 230 personas, un número que no justifica la cantidad de profesionales en la institución, consideró”.
-¿Cuántos profesionales y no profesionales trabajan en el Laura Bonaparte?, preguntó este medio.

El pasado 4 de octubre los trabajadores del Bonaparte denunciaron el cierre del servicio de internación y de guardia. A inicios de esta semana el gobierno anunció que sería reestructurado. El plan está en manos de una “comisión interdisciplinaria” que el lunes debería haber comenzado la tarea pero, según la funcionaria, se postergó “por las medidas de fuerza” de los trabajadores que decidieron permanecer en el lugar “de forma permanente contra el cierre del hospital”.

“Así como está el hospital es inviable”, le había asegurado Loccisano a este medio y reveló que la decisión de los profundos cambios que se realizarán surgen del informe de auditoría de abril de 2023 de SIGEN que hoy publica de manera exclusiva este medio.

La viceministra también hizo mención a que el informe de la SIGEN los alertó sobre las preocupantes deficiencias que se hallaron en el hospital nacional de salud mental sobre, por ejemplo, el manejo en las historias clínicas. “Al momento de solicitar las historias clínicas correspondientes a la muestra de la auditoría, hubo ocho de ellas que no pudieron ser localizadas. Dicha situación expone deficiencias de la guarda y custodia de las historias clínicas denotando un incumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud”.

Las estadísticas volcadas en la auditoría reflejan que en 2022 se asistieron en consultorios 3908 pacientes. Que se realizaron 3113 “resoluciones intrahospitalarias, de las cuales el 81,5% consistieron en nuevas entrevistas al Servicio de Atención a la Demanda Espontánea, evidenciando estas situaciones que el servicio funciona en determinadas situaciones, como servicio de asistencia en contraposición a lo dispuesto en la resolución 57/2021 que especifica:
Sobre lo expuesto, el informe de la SIGEN determinó: “Se constató en las historias clínicas que integran la muestra de auditoría que en 62 casos, el 11 % los pacientes concurrieron más de 5 veces a nueva entrevista superando así el límite de tres”.

Según el informe de la SIGEN esto sucedió “únicamente el 8,5% -de los pacientes- que resultaron en derivaciones a Consultorios Externos, seguidos de 4,6% derivaciones a guardia, 2,6% a grupo terapéutico, 2% a jurídico asistencial, 0,4% a internaciones, 0,3% Hospital de día y 0,2% a salud integral”.

Si bien el equipo interdisciplinario será quien opine sobre las mejores medidas que se deben tomar sobre el hospital nacional de salud mental para hacerlo eficiente la viceministra de Salud, en diálogo con Infobae brindó una aproximación: “Hay que trabajar para redimensionarlo. Esto puede querer decir reorganizar los servicios y dar otras prestaciones, investigar un poco cómo es la demanda en la jurisdicción y ver cómo podemos trabajar en red con otros establecimientos para poder dar servicios que quizás otros establecimientos no dan. Y captar esa necesidad que está en la gente de atención. Y por ahí esto tiene que ver con redefinir servicios, no con ninguna otra medida restrictiva”.