La decisión del gobierno de Quintela, avalada por los diputados locales, fue iniciar la expropiación declarando las casi 5.000 hectáreas en cuestión como bienes de utilidad pública. Tras ese paso, se constituirá un Tribunal de Tasación que le pondrá un valor a los inmuebles y le abonará esa cifra a Ramón Díaz, tras sacarle forzosamente su propiedad.

Los radicales advirtieron que en los últimos años, la administración de Quintela ha avanzado sobre propiedades privadas, promoviendo proyectos que no han prosperado y que generaron juicios onerosos contra el patrimonio de La Rioja, por parte de los expropiados.