El problema aparece cuando se revisa el artículo 33 de la ley 21.499 -de 1977-, que establece: “Se tendrá por abandonada la expropiación -salvo disposición expresa de ley especial- si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica”.

En el articulado de la última norma se impone que los inmuebles identificados “serán destinados a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos”, y que para tal objetivo “se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”.

“Conservar el predio como refugio de la memoria, como un espacio social donde circule la memoria colectiva, ayuda a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, la construcción de un espacio colectivo ayuda a transformar el dolor en lucha y a sembrar una memoria como pueblo para que hechos como estos no ocurran nunca más”, fundamentaron en su iniciativa las senadoras del interbloque del Frente de Todos.