29 de julio de 2024
Nicol�s Maduro investigado en la Argentina: c�mo avanza la causa por cr�menes ocurridos Venezuela
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Se trata de la denuncia por delitos de lesa humanidad que se radic� en los tribunales federales porte�os. Ya declararon v�ctimas y se esperan exhortos. La C�mara Federal apunt� hacia indagatorias. Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar con la ley de juicio en ausencia
>Bajo el principio de “justicia universal”, el gobierno de Nicolás Maduro está siendo investigado en los tribunales argentinos por crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela. Al menos una decena de víctimas declararon sobre las vejaciones sufridas y dieron detalles de secuestros, detenciones y amenazas. No trascendieron sus declaraciones. El juez Sebastián Ramos ordenó estricta reserva para protegerlas, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El foco está puesto en dos asesinatos ocurridos en febrero de 2014 y al menos ocho secuestros.
El juez, por lo pronto, cumple con las instrucciones dadas por la Ese escenario podría complicarse si los acusados no aceptan prestarse a declarar en la justicia argentina. Pero ahora el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para permitir el juicio en ausencia. El abogado querellante Tomás Farini Duggan dijo a Infobae que la investigación que sustancie el juez Ramos será clave si avanza esa iniciativa. “De esa forma los responsables y máximas autoridades de los regímenes autoritario podrán ser eventualmente condenados por crímenes de lesa humanidad, hecho que conlleva su captura internacional y alerta roja de Interpol”, afirmó.
Entre Venezuela y Argentina rige una fuerte tensión: el gobierno de Javier Milei anunció “acciones diplomáticas” contra el de Nicolás Maduro después de que este cerrara el espacio aéreo de Venezuela a los aviones argentinos que quieran sobrevolar su territorio y varias personas que denunciaron persecuciones consiguieron ser alojadas en la embajada argentina en Caracas.Hace un año, el fiscal federal Carlos Stornelli inicioAl impulsar la investigación, Stornelli imputó a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a “eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno”.
El juez RamosPero un grupo de víctimas apeló y sostuvo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación” y porque la actuación del fiscal Pollicita se vio “superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 21 de febrero” pasado. A eso le sumaron otros casos que incluyeron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, hechos que “la CPI probablemente no investiga”. Las apelaciones estuvieron en manos del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), ligada a Waldo Wolff (hoy ministro de Seguridad porteño) y del abogado Tomás Farini Duggan.
El 5 de abril pasado, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro: consideró que se tratan de delitos de “extrema gravedad” que obligan a actuar sin “dilación ni demora” para proteger a los “amplios sectores de la población civil”.Y motorizaron (“en caso de hallarse reunidos los requisitos legales”) el llamado a indagatoria a los imputados. Uno de los votos, el del juez Llorens, planteó incluso que en la causa se deben disponer “todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”.
En el expediente constan tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.
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