29 de julio de 2024
El recuerdo de las legislativas 2015, la victoria opositora que llevó a Maduro a terminar de convertir su régimen en una dictadura
Fue la última vez que la oposición se presentó unida. Desde entonces, el dictador bloqueó a la nueva legislatura, creó otra paralela, acrecentó la represión y bloqueó todos los caminos para que ningún candidato con posibilidades le compita en las presidenciales de 2018
“Ha triunfado la guerra económica. El terror económico instaurado a nuestro pueblo distorsionó la opinión de algunos llevándonos a la derrota”, fue la frase que pronunció Maduro durante el discurso que brindó post elecciones al reconocer la derrota. Pese a que el régimen había dado el brazo a torcer al aceptar celebrar los comicios, por aquel entonces, nadie imaginaba que el oficialismo terminaría de socavar a la oposición al bloquear las elecciones presidenciales que debían celebrarse en 2016, con la complicidad de los tribunales regionales de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo.
La victoria en las urnas no solamente representó una ventaja legislativa para la oposición que pasó a ocupar 109 bancas contra 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 3 de Representación Indígena, sino que la campaña encabezada por los dirigentes y el apoyo que recibieron de la ciudadanía se enmarcaron cómo un “modelo a seguir” en la contienda por escapar del yugo del régimen. De hecho, el hito se transformó en la victoria con mayor cantidad de votos que la oposición cosechó como fruto de 16 años de hacerle frente al chavismo.En el período de luna de miel post elecciones, las esperanzas de la oposición comenzaban a tomar otro vuelo, hasta que el régimen buscó la manera de cortarles las alas. Una vez más, Maduro y su séquito pasaba por encima de la Ley de Orgánica de Proceso Electorales de Venezuela y de la propia Constitución, aprobadas por el propio chavismo bajo los principios de la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y la confiabilidad, entre otros.Luego de que la victoria le diera a la oposición el control del Parlamento con una mayoría calificada, se esperaba que los diputados ganarían las facultades de emitir votos de censura en contra del vicepresidente y los ministros, aprobar enmiendas, sancionar leyes que le darían poderes legislativos al presidente e, incluso, designar y remover a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).Sin embargo, el régimen se ocupó de encontrar la forma de bloquear las habilitaciones del antichavismo en el Legislativo a través del Poder Judicial controlado por magistrados afectos a la dictadura.La impugnación se basó en denuncias de irregularidades y presunto fraude electoral ocurrido durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en el estado Amazonas. Estas denuncias llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a emitir una medida cautelar el 30 de diciembre de 2015, suspendiendo la proclamación de los diputados electos por esa entidad.
En 2016, el TSJ anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional opositora, alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a tres diputados cuya elección había sido impugnada. Esta medida, junto con otras decisiones del TSJ, limitó significativamente el poder legislativo del Parlamento opositor y llevó al país a un nuevo nivel de confrontación: el conflicto de Poderes.El chavismo se impuso en el poder legislativo por medio de la creación ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, Maduro halló el camino para perpetuarse en el poder y evitar que los opositores bloquearan sus políticas y reformas.No obstante, la instancia no fue contemplada ante el presunto rechazo que podría haber manifestado el pueblo y su posterior disolución. De esta manera, el régimen se aseguró de arrebatarle a la oposición la posibilidad de seleccionar a las autoridades judiciales y electorales, debido a que esta facultad recayó en manos de este segundo parlamento.
En octubre del año pasado, Machado ganó las elecciones primarias de la oposición con un contundente 92,35% del apoyo ciudadano. La reacción del oficialismo surgió por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en enero falló en su contra y ratificó la inhabilitación de 15 años impuesta por la Contraloría General de la República.
La sanción allanó el terreno para que el CNE bloqueara su inscripción sin que pudiera presentarse queja alguna. “Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente”, explicaron desde la página oficial sobre los motivos detrás de la baja de María Corina.