“Otra demanda de justicia fue la de los presos extranjeros, pero esta vez no solamente a las autoridades venezolanas sino también a los representantes de sus países en Venezuela”.

Del total de 13 custodios y funcionarios detenidos, 10 o 76.92% fueron por introducir o sembrar drogas; 2 o 15.38% por corrupción y 1 o 7.69% por contrabando de comida.

La organización para realizar el informe hizo entrevistas a familiares de los presos en distintas cárceles. Hay información que no fue reflejada a petición de los entrevistados, “evidencia del temor a represalias que pudieran afectar a su persona detenida. Identificamos 26 Centros de Detención Preventiva y prisiones a lo largo y ancho del país”.

“Las visitas tienen otros 2 elementos altamente desagradables para la familia: la requisa para poder entrar al recinto y la relación o trato que reciben de parte del personal de guardia”.

“Otro punto muy importante para las familias que visitan a los detenidos es el trato con los guardias. Aunque lo más resaltante es el temor a informar sobre el mal trato para evitar el castigo o daño que, por venganza, puedan causar a su familiar detenido. Varias entrevistadas nos señalaron que los tratos de los guardias las hacen sentir humilladas”.

Los entrevistados destacaron, el 43% de ellos, que “el hacinamiento es lo peor”. Seguido en relevancia está “el mal olor, los cuales fueron 9 o 18% en el segundo lugar, hacinados en un lugar hediondo alcanza el 61% de las respuestas. Es decir, esta situación es un castigo sea el detenido culpable o no. No es una sanción que busca rehabilitar a nadie, sino agredir, violentar y violar su condición humana de manera denigrante”.

“La mayoría de las personas que se ocupan de visitar a un familiar detenido, son mujeres; esta es otra oportunidad para humillar a las mujeres por los prejuicios de género”.

“El tiempo de permanencia en un Centro de Detención Preventiva no debe exceder de las 48 horas para presentarlo ante un Fiscal y, 45 días para continuar las averiguaciones, cuando se ha encontrado causa suficiente para comenzar un juicio. De allí́ el o la detenida, deberá́ ser transferido a una prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio definitivo o dejado en libertad. Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas -9 o 35%- tiene a su familiar detenido de dos a tres años y, también hay detenidos que están en el CDP de 4 a 5 años (15%). Esto nos habla de la inexistencia del llamado debido proceso en Venezuela”.

“Lo que familiares nos aportaron en esta investigación, demuestra que nuestra afirmación de que los calabozos han sido convertidos en las Nuevas Cárceles del Siglo XXI, no es una exageración, por el contrario, es una evidencia más de la falta de justicia en Venezuela”.