24 de julio de 2024
El informe de Una Ventana a la Libertad descubre la situación real en las cárceles en Venezuela
Desde el retardo procesal y las enfermedades en prisión hasta el maltrato que reciben las familias que visitan a los detenidos, el trabajo de la organización refleja las dificultades para sobrevivir en esas condiciones
“Siempre he pensado que son los familiares de los encarcelados, en su gran mayoría mujeres, las que más sufren por la prisión de sus familiares cercanos, sean estos hijos, esposos, concubinos, parejas o amigos cercanos”, dice Nieto Palma.
En el estudio que hizo la organización arroja que “un total de 20 hombres (90.91%) y 2 mujeres (9.09%) fueron detenidos sin pruebas ni en flagrancia y, 2 de ellos (9.09%) por motivos políticos”.
“Otro elemento importante es la vivencia de ser castigadas/os como si fueran culpables del error cometido por su familiar. Esta parece ser una de las causas del mal trato que reciben las familias que asiduamente visitan a su detenido. Las culpan, las acusan y las irrespetan”.
Son enfáticos “no es la familia la que falta a su responsabilidad con la/el detenido; es el Estado venezolano el que falta, nadie más”.¿Los más afectados? la familia popular venezolana, “la que carece de dinero y de poder; y si un familiar comete un delito o es acusado de cometerlo, puede permanecer detenido por mucho tiempo aun cuando no se demuestre su culpabilidad. Los llamados delitos de cuello blanco, que son cometidos por quienes ostentan altos cargos de poder o en empresas privadas, por lo general no llegan a juicio y, si llegan son absueltos”.
Una dura afirmación reflejada por Una Ventana a la Libertad: “sobrevivir en Venezuela es una obra de arte, porque no hay política de bonos especiales que logree disminuir estos niveles de pobreza e inflación”, además ha aumentado la desnutrición en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores”.“La migración de jóvenes de ambos sexos en edad productiva desde Venezuela, ha generado que las familias hayan quedado mayoritariamente a cargo de personas de la tercera edad con capacidades laborales, disminuidas”.
En el caso de los Centros de Detención Preventiva (CDP), el informe destaca que “de 8 funcionarios detenidos, 4 o el 50% lo fueron por corrupción lo cual es llamativo por ser funcionarios de un CDP; 2 o el 25% fueron funcionarios detenidos que se habían fugado. Una funcionaria por homicidio y otro no se explica la razón”.“La escabiosis o sarna es la enfermedad que acumuló mayor número de los 86 detenidos enfermos (37 o 43.02%), muy cercano a la mitad del total. En segundo lugar, encontramos la complicación pulmonar o respiratoria, con 25 casos o un 29.07%%. Entre ambas enfermedades, altamente contagiosas se acumuló́ el 72.09% de los detenidos enfermos”.Por otra parte, “en 45 huelgas de hambre hubo 1.648 detenidos/as participantes y en 4 motines solo 7 hubo 11 protestas pacíficas de familiares a las afueras de los Centros de Detención Preventiva”.
“La Revolución Judicial (RJ) atendió́ a 224 personas, pero de ellas solamente 3 detenidos/as, el 1.34% de los atendidos fueron liberados: 2 hombres y 1 mujer. Los Alertas nos llevan a un caso que sucedió́ hace seis años y aún continúa impune. Este caso del estado Carabobo evidencia claramente que, cuando el gobierno y sus funcionarios están implicados, la justicia es aún más lenta”.
“Seis años a la espera de la justicia por los muertos y muertas que se registraron en esa fecha; más de 50 funcionarios estuvieron presentes y solamente cinco llevados a juicio. En ese caso hace seis años perdieron la vida 66 presos y 3 visitas”.“Otra demanda de justicia fue la de los presos extranjeros, pero esta vez no solamente a las autoridades venezolanas sino también a los representantes de sus países en Venezuela”.
Del total de 13 custodios y funcionarios detenidos, 10 o 76.92% fueron por introducir o sembrar drogas; 2 o 15.38% por corrupción y 1 o 7.69% por contrabando de comida.
La organización para realizar el informe hizo entrevistas a familiares de los presos en distintas cárceles. Hay información que no fue reflejada a petición de los entrevistados, “evidencia del temor a represalias que pudieran afectar a su persona detenida. Identificamos 26 Centros de Detención Preventiva y prisiones a lo largo y ancho del país”.
“Las visitas tienen otros 2 elementos altamente desagradables para la familia: la requisa para poder entrar al recinto y la relación o trato que reciben de parte del personal de guardia”.
“Otro punto muy importante para las familias que visitan a los detenidos es el trato con los guardias. Aunque lo más resaltante es el temor a informar sobre el mal trato para evitar el castigo o daño que, por venganza, puedan causar a su familiar detenido. Varias entrevistadas nos señalaron que los tratos de los guardias las hacen sentir humilladas”.
Los entrevistados destacaron, el 43% de ellos, que “el hacinamiento es lo peor”. Seguido en relevancia está “el mal olor, los cuales fueron 9 o 18% en el segundo lugar, hacinados en un lugar hediondo alcanza el 61% de las respuestas. Es decir, esta situación es un castigo sea el detenido culpable o no. No es una sanción que busca rehabilitar a nadie, sino agredir, violentar y violar su condición humana de manera denigrante”.
“La mayoría de las personas que se ocupan de visitar a un familiar detenido, son mujeres; esta es otra oportunidad para humillar a las mujeres por los prejuicios de género”.
“El tiempo de permanencia en un Centro de Detención Preventiva no debe exceder de las 48 horas para presentarlo ante un Fiscal y, 45 días para continuar las averiguaciones, cuando se ha encontrado causa suficiente para comenzar un juicio. De allí́ el o la detenida, deberá́ ser transferido a una prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio definitivo o dejado en libertad. Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas -9 o 35%- tiene a su familiar detenido de dos a tres años y, también hay detenidos que están en el CDP de 4 a 5 años (15%). Esto nos habla de la inexistencia del llamado debido proceso en Venezuela”.
“Lo que familiares nos aportaron en esta investigación, demuestra que nuestra afirmación de que los calabozos han sido convertidos en las Nuevas Cárceles del Siglo XXI, no es una exageración, por el contrario, es una evidencia más de la falta de justicia en Venezuela”.