Desde el primer momento – en una disputa atravesada por intereses geopolíticos – se discutió si el derribo del avión era un acto de guerra deliberado o un accidente. No hubo dudas de que la aeronave había sido alcanzada por un misil: lo que estuvo en cuestión desde el principio fue si el Boeing 777 de la aerolínea malaya había sido un blanco intencional o si el ataque fue producto de una confusión. Tampoco quedaba claro si el disparo era obra de las fuerzas ucranianas o de las milicias separatistas apoyadas por Rusia.

Esas protestas provocaron en febrero de 2014 la caída del presidente Viktor Yanukóvich, que se negaba a firmar el tratado, y su reemplazo por un gobierno alineado con Occidente. Como respuesta, en el este del país, manifestantes prorrusos tomaron los gobiernos locales y proclamaron la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el Donbas. En abril, la situación había escalado a un conflicto armado entre europeístas, prorrusos y separatistas que sería el germen, ocho años más tarde, de la llamada “operación militar” rusa en Ucrania ordenada por Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.

Según la lista de pasajeros que tenían las autoridades de Países Bajos, de las 298 personas que murieron por el derribo del avión, 80 eran niños. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Países Bajos, un total de 192, y había también 40 malayos y diez británicos.

En un primer momento hubo confusión con la identidad de los pasajeros, entre los que se incluyeron varios ciudadanos estadounidenses que en realidad no había abordado el avión. Entre las víctimas se contaban el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Glenn Thomas; el ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida, Joep Lange; el diputado neerlandés Willem Witteveen; la abuela del primer ministro de Malasia, Najub Razak, y el australiano Liam Davison. Entre los restos fueron recuperados pasaportes en buen estado que luego ayudaron a identificar con exactitud a las víctimas y sus nacionalidades.

Hacia la tarde del 18 de julio, en el lugar del siniestro habían recuperado 181 cadáveres de los 298 pasajeros, y al día siguiente los forenses comenzaron a recopilar muestras de ADN, fotografías de rasgos distintivos, como cicatrices y tatuajes.

Mientras tanto, las acusaciones cruzadas entre Ucrania, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, por un lado, y Rusia y las milicias separatistas del Donbas, por el otro, contribuían poco y nada para determinar qué había sucedido realmente con el vuelo malayo.

Al mismo tiempo, los gobiernos de Rusia y Ucrania se acusaban mutuamente, en una polémica que se prolongaría durante años.

El equipo de expertos liderado por el Consejo de Seguridad de Países Bajos demoró más de un año en producir el informe sobre el caso del vuelo MH17. Conocido en octubre de 2015, el documento aportaba detalles técnicos de relevancia para la investigación, aunque dejaba algunos interrogantes sin contestar y no asignaba ningún tipo de responsabilidades con respecto a los autores.

La investigación aseguraba que el vuelo MH17 fue derribado por “la detonación de un misil fuera del aparato en la parte izquierda de la cabina de mando” e identificaron el proyectil que pertenecía a la serie 9M38, “como los instalados en los sistemas de misiles tierra-aire BUK”. Este misil es de fabricación rusa, lo que generó una controversia entre los investigadores de Países Bajos y los rusos que también formaban parte del equipo y sostenían que no había información suficiente para hacer esa afirmación.

La investigación tampoco arrojó datos que pudieran determinar con exactitud desde dónde se había lanzado el proyectil y marcó un extenso sector de 320 kilómetros cuadrados del este de Ucrania. Esto provocó la respuesta del gobierno ucraniano, que ubicó un área mucho más reducida que, casualmente, estaba bajo control de las milicias prorrusas. A su vez, los expertos rusos aseguraron que el misil había sido lanzado desde una zona al sur de la localidad de Snizhne, que estaba controlada por fuerzas ucranianas.

Mientras la polémica entre todas las partes involucradas seguía sin resolverse, la justicia de Países Bajos inició una causa penal contra quienes consideraba los responsables del derribo del vuelo MH17.

Según la acusación, los condenados formaban parte de las fuerzas separatistas apoyadas por Moscú y tuvieron una influencia decisiva en la decisión de activar el sistema de misiles BUK en una base militar en Rusia, aunque no fueron ellos los que pulsaron el botón.

La sentencia provocó la reacción del gobierno ruso, que negó toda responsabilidad en la caída del Boeing de la empresa aérea malaya y acusó al tribunal de actuar bajo presión. “El desarrollo y la conclusión del proceso judicial muestran que la sentencia se debió a cuestiones políticas”, criticó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Y agregó: “El juicio tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de los más escandalosos de la historia de procesos judiciales. A lo largo de todo el procedimiento, el tribunal estuvo bajo una presión inédita de responsables políticos neerlandeses, representantes de la fiscalía y de los medios de comunicación, que impusieron una solución al proceso motivada políticamente”.

Tres meses después de terminado el juicio con tres condenados en ausencia a prisión perpetua, un nuevo informe Equipo Conjunto de Investigación integrado por expertos de seis países dejó en claro que el caso del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines distaba – y todavía hoy dista – de estar resuelto.

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