La Policía Nacional Civil de El Salvador anunció este viernes que había capturado a un grupo de ex combatientes de guerra que planeaba una serie de atentados en el país este sábado, cuando se llevará a cabo el acto de investidura del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.

En un comunicado, el organismo informó que los sujetos “estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas”. Acompañaron el mensaje con múltiples imágenes de los cilindros explosivos, así como de los materiales empleados en su confección -como el sulfato de amonio- y baterías que al estallar a la par de estos dispositivos causan una mayor onda expansiva.

Las pruebas fueron halladas en el municipio de Guazapa, en la periferia norte de la capital, un antiguo bastión de la guerrilla durante el conflicto armado.

Asimismo, publicaron la supuesta llamada de uno de los miembros de la banda en la que habla de los planes. “Ya tengo el transporte a la mano, si es necesario te lo llevo ya hasta donde vivís (...) Necesito que (...) el mecanismo llegue a la hora y funcione bien. Porque eso es lo que estaba dando problema pero se ve bien. Como te digo, la potencia no me gustó mucho, unos funcionaban y otros no, entonces quiero que funcione totalmente y que no vaya a haber ni una sola falla”, se escucha en el fragmento.

Los detenidos fueron identificados como José Santos Melara, ex diputado, líder de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranos de Guerra del FMLN y coordinador de la Alianza de El Salvador en Paz, acusado de ser “el financista de estos planes”; Roberto Antonio Esquivel, José Ismail Santos, Pedro Alfonso Mira, Douglas Recinos, Orlando Cartagena, Eliseo Alvarado y Wilfredo Parado, cuya experiencia como explosivista durante la guerra fue clave a la hora de verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

El arresto de este grupo se da pocos días después de que el pasado 27 de mayo, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR) -que aglutina a varias organizaciones sociales y opositores del gobierno- manifestara que no reconocía a Bukele por haber conseguido la reelección mediante el “fraude” y la persecución a personas y grupos críticos a su gobierno. Inclusive, habían adelantado actividades durante todo el sábado en señal de repudio a la toma de posesión.

A su vez, los veteranos de las Fuerzas Armadas y los ex combatientes del FMLN se posicionaron como un grupo crítico del oficialismo por no haber hecho lugar a sus reclamos por un aumento de pensiones -de USD 100 que buscan llevar a USD 300, con un bono de USD 700 para familias de fallecidos y un fondo de créditos preferenciales- y demás demandas pendientes desde los Acuerdos de Paz de 1992.

Así, este viernes el BPR denunció que la captura de Melara era injusta y lo describió como “un luchador social veterano de guerra y dirigente de la Alianza”. “Su captura arbitraria es un acto de persecución política. Exigimos su libertad y expresamos nuestra solidaridad”, sumó.

Por su parte, la analista y abogada Bessy Ríos vio con desconfianza estas detenciones ya que consideró que se trata de personas con la suficiente experiencia como para saber que hablar de sus planes en conversaciones telefónicas implica un alto riesgo y buscar mecanismos que garanticen la privacidad.

“Lo que llama la atención es que teniendo esa experiencia se pongan a hablar de estos temas por vías no seguras (por teléfono), es demasiada ingenuidad para gente tan preparada en temas insurgentes, pero bueno, esperemos las investigaciones”, dijo.

(Con información de AP)