La modificación a la normativa local sobre ubicación de antenas de telefonía celular en Villa María generó una audiencia pública en la que empresas, universidades y entidades expusieron sus puntos de vista, enfocados principalmente en dos ejes: la cobertura necesaria para brindar un servicio de calidad y las prevenciones en materia de salud por posibles efectos nocivos de las radiaciones.

Desde el Ejecutivo municipal y el bloque oficialista de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria se argumenta que es necesaria una nueva legislación para controlar mejor las antenas, reconociendo que muchas se instalaron clandestinamente dentro de un radio en el que están prohibidas por la ordenanza actual, sin ser erradicadas.

"Esas antenas hacen posible el servicio", justificó el concejal oficialista Rafael Sachetto. Evaluó necesario generar un nuevo marco normativo que obligue al monitoreo de antenas, con estudios de impacto ambiental y mediciones de ondas para garantizar la seguridad de los vecinos. El oficialismo propone permitirlas, bajo esas condiciones, en zona urbana. 

Por parte de los prestadores, estuvieron presentes representantes de las empresas Claro, Movistar y Personal, quienes hablaron de aspectos técnicos del servicio y manifestaron la necesidad de incrementar el número de antenas existentes para poder cumplir con la calidad de prestación que se exige. Pidieron además una simplificación en los trámites de habilitación de las torres.

La organización ambientalista Ecositio, a su vez, planteó sus dudas sobre la aplicabilidad de la futura normativa "teniendo en cuenta que la actual fue violada sistemáticamente por las empresas de telefonía". Acotaron: "No entendemos por qué el Ejecutivo no clausura las estructuras que violan la ardenanza actual y sí lo haría en caso de incumplimiento del nuevo proyecto", se preguntó Luis Tuninetti, presidente de esa entidad. Reclamó a la vez que se obligue a las empresas a desmantelar las antenas existentes que no cumplan con la ordenanza vigente.

Otras posiciones

Por su parte, desde el ámbito universitario, profesionales de la UTN y la UNVM prometieron elevar un informe más detallado de su posición, considerando principalmente aspectos técnicos.

La concejala Georgina Etchegaray (Partido Villamariense-bloque escindido), abogada especialista en temática ambiental, se pronunció por mantener zonas de exclusión en torno a escuelas y centros de salud, posición que no es compartida por el oficialismo.

Valeria Suárez, subsecretaria de Inspecciones Generales del municipio, admitió que la no autorización para instalar torres en las zonas prohibidas "generó la proliferación de antenas clandestinas".

La funciionaria opinó que así como están los vecinos que se quejan porque le instalaron una antena al lado de su casa, están los que  reclaman porque no pueden tener un buen servicio de telefonía móvil. 

El miércoles 19 se hará un taller sobre el tema en el Concejo, a cargo de Fundetec, la fundación del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, que asesora a municipios en distintos puntos del pais sobre la temática.