A 20 años de un hito en la búsqueda de verdad y justicia: la nulidad de las leyes de impunidad
El 21 de agosto de 2003 el Senado anuló las llamadas "leyes de impunidad", una de las primeras políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner a poco de asumir el Gobierno. La decisión permitió reanudar juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Por Gabriel Tuñez19-08-2023 | 14:03
Organismos de DDHH marchan contra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final / Foto: Roman Von Eckstein. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, votada por el Congreso de la Nación 20 años atrás, permitió reanudar juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cÃvico militar y marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia para las vÃctimas de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.
La nulidad (ley 25.779) se logró con 43 votos favorables, siete en contra y una abstención, pero antes de eso el Parlamento ya le habÃa dado rango constitucional, mediante la Ley 25.778, a la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crÃmenes de guerra y de lesa humanidad.
El proyecto de nulidad, promovido por la entonces diputada de Izquierda Unida (IU) Patricia Walsh, y la Convención de Naciones Unidas habÃan recibido dÃas antes la aprobación de la Cámara baja.
Tratamiento de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en Diputados / Foto: Candelaria Lagos.
Ley 23.492 de Punto Final La 23.492 de Punto Final estableció a finales de 1986 la caducidad de las acciones penales abiertas contra los represores que no hubieran sido llamados a declarar por la Justicia antes de los 60 dÃas corridos desde su promulgación. Transcurrido ese plazo, no podÃan ser alcanzados judicialmente.
En un discurso al paÃs, AlfonsÃn ensayó como argumento que la necesidad de un "punto final" estaba atada al "largo tiempo transcurrido en las investigaciones" por violaciones a los derechos humanos.
El proyecto fue aprobado por el Congreso el 23 de diciembre de 1986 y promulgado por AlfonsÃn al dÃa siguiente, pese al rechazo expresado en una masiva manifestación liderada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos, además de partidos polÃticos y la CGT.
Ley 23.521 de Obediencia Debida La ley de Punto Final fue complementada, a mediados de 1987, con la de Obediencia Debida (23.521), impulsada tras el alzamiento militar "carapintada" de la Semana Santa de ese año, que puso en riesgo la continuidad democrática.
La rebelión fue protagonizada por oficiales que se negaban a ser citados por la Justicia para rendir cuentas en las investigaciones abiertas con la recuperación democrática.
La Obediencia Debida estableció diferentes niveles de responsabilidad penal entre quienes impartieron órdenes y aquellos que ejercieron los actos represivos de la dictadura. EquivalÃa a una exculpación de los delitos de lesa humanidad para oficiales de rango medio y bajo.
Uno de los primeros en beneficiarse con la puesta en vigencia de la Obediencia Debida fue el excomisario Miguel Etchecolatz, fallecido en julio del año pasado tras haber recibido nueve condenas a prisión perpetua por crÃmenes cometidos en el "Circuito Camps", una de las estructuras más extendidas del esquema de represión ilegal, en el que estuvieron detenidas cientos de personas, muchas de las cuales continúan desaparecidas.
Organismos de DDHH marchan contra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final / Foto: Roman Von Eckstein.
Indultos, derogación y reclamos
A las cuestionadas normas sancionadas durante el alfonsinismo le siguieron, entre 1989 y 1990, los cuatro decretos de indultos firmados por el entonces presidente Carlos Menem.
El propósito de los decretos apuntaba a alcanzar la "pacificación y la reconciliación nacional", explicó Menem, pero no logró acallar la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia.
Este reclamo de los organismos de derechos humanos, junto al pedido "juicio y castigo a los culpables", no cesó: en 1998 la Justicia logró la apertura de investigaciones por apropiaciones de niños llevadas a cabo en la dictadura.
Ese mismo año, el Congreso derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero esa determinación legislativa carecÃa de retroactividad y no alcanzaba a las violaciones cometidas por la última dictadura.
Tratamiento de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Senado / Foto: Carlos Luna.
Cómo se gestaron el proyecto y la decisión polÃtica que terminaron con las leyes de impunidad
Walsh habÃa asumido su banca de legisladora nacional en diciembre de 2001, en medio de un paÃs convulsionado al punto de vivir un estallido social que terminó ese mismo mes con el Gobierno de Fernando de la Rúa.
En su campaña electoral, recordó, se habÃa propuesto llevar a la Cámara de Diputados "dos banderas polÃticas fuertes: la denuncia de la deuda externa ilegal e ilegÃtima y el fin de la impunidad de los crÃmenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cÃvico militar".
Para lograr el segundo de los objetivos, Walsh -única representante de la Izquierda Unida en el cuerpo legislativo- presentó un proyecto que proponÃa la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsadas por el Gobierno de Raúl AlfonsÃn, y de los indultos dictados por Carlos Menem.
El tratamiento del texto fracasó en 2002 por falta de respaldo de los partidos polÃticos mayoritarios, pero Walsh, hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por la última dictadura en marzo de 1977, insistió al año siguiente. Apenas comenzó la actividad parlamentaria, presentó otro proyecto similar.
El 9 de junio de 2002 -todavÃa sin novedades sobre un posible debate legislativo de su iniciativa- Walsh fue invitada por el entonces presidente Kirchner a un acto en la Casa Rosada.
Por ese motivo, en carácter de hija del escritor, Patricia Walsh asistió al acto oficial. Decidió llevar consigo el proyecto de ley que habÃa presentado en el Congreso para -si tenÃa la oportunidad- entregárselo en mano al Presidente, algo que consiguió hacer gracias a una gestión del entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
"Fue un encuentro muy breve que se dio mientras Kirchner se iba del salón. Le dije que para terminar con esa cuestión gravÃsima, como era la construcción de impunidad, hacÃa falta la misma cantidad de votos que requerÃa el juicio polÃtico a los jueces de la Corte, algo que se debatÃa en ese momento. Kirchner me miró, tomó el proyecto, me sonrió con cierta sorpresa por lo que estaba haciendo y se fue", rememoró Walsh.
"A 20 años de la anulación de las leyes de impunidad hay algo de lo que sigo estando orgullosa: que las bancas legislativas sirven, si se usan bien. En vez de estar enojados y creer que no hay que ir a votar en las próximas elecciones, hay que ir y elegir (entre los candidatos) a aquel o aquella que pueda hacer mejor nuestro paÃs", planteó Walsh.
Y aseveró: "No importa si vas a ganar una sola banca, como me ocurrió a mÃ, o 20. Me acompañaba una lucha enorme, la del movimiento de derechos humanos, asà que no me sentÃa sola. Aquella era una fuerza colectiva".
La decisión del juez Cavallo fue ratificada por la Cámara Federal, que en su resolución consideró que la anulación de ambas normas debÃa ser una "obligación" para el sistema judicial y polÃtico.
Las firmas contra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final / Foto: Roman Von Eckstein.
El histórico discurso de Cristina Kirchner
Veinte años atrás, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner exhortó a la Cámara alta a entender que los derechos humanos "son una cuestión de humanidad en el mundo globalizado" y no "un tema de derecha o izquierda" y consideró como "un acto de reconstrucción institucional y moral de la Argentina" sancionar la nulidad de las llamadas "leyes de impunidad".
Fernández de Kirchner cerró asà un extenso e histórico debate en el Senado, que finalizó con la sanción de una norma que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsadas por el Gobierno de Raúl AlfonsÃn.
"Esta sólo puede ser una afirmación de mediocres; los argentinos tenemos que notificarnos que en el mundo globalizado los derechos humanos no constituyen un tema de derecha o de izquierda, sino que son una cuestión de humanidad", argumentó.
Recordó que en 1998, cuando se desempeñaba como diputada, ya habÃa participado de un debate tras la presentación de un proyecto para derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Además, mencionó su oposición a la decisión del expresidente Carlos Menem de indultar, entre fines de 1989 y principios de 1990, a los principales jefes militares de la última dictadura.
"Nunca he creÃdo que defender una idea o una bandera partidaria pueda ser compatible con la defensa o, por lo menos, con la cobertura de la impunidad de aquellos que han violado derechos sagrados", mencionó.
Durante el debate legislativo, la actual vicepresidenta criticó a los legisladores que se oponÃan a la nulidad de las leyes con el argumento de que se alteraba la división republicana de poderes porque, a su criterio, se trataba de una medida que debÃa ser potestad de la Justicia.
"Desde el Parlamento argentino se ordenó a los jueces -en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- que no podÃan juzgar ni condenar a quienes habÃan torturado, violado y secuestrado ciudadanos argentinos. Curiosamente, hoy se nos dice que estamos violando esa división republicana de poderes al decretar la nulidad de esa ley que dio instrucciones a los jueces de la República sobre cómo tenÃan que actuar en juicios", respondió.
Para explicar la superioridad de las leyes naturales y divinas por sobre las de los hombres, Fernández de Kirchner citó en su alocución el relato de un personaje de la mitologÃa griega, AntÃgona, que -dijo- habÃa sido parte de su "primera clase" como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Resaltó que la heroÃna griega "va y entierra a su hermano porque existe una ley natural que está por encima de la de los hombres, que dice que los cuerpos deben recibir sepultura".
"En nombre de ese Derecho, que es superior a cualquier otra cuestión, hoy nos encontramos reunidos aquÃ; nunca admità que en nombre de las razones de Estado se fundamentara la violencia que implica la violación del cuerpo humano", cerró Fernández de Kirchner.
AnalÃa Kalinec, integrante del colectivo Historia Desobedientes, que reúne a hijos, hijas y familiares de represores, consideró la nulidad de las normas como "un punto de inflexión" en su vida.
"Nunca me hubiese enterado de la condición de genocida de mi padre si no se hubiesen reanudado los juicios tras la anulación de las leyes"AnalÃa Kalinec, hija del exsubcomisario de la PolicÃa Federal Eduardo Kalinec
Hourcade recordó que la declaración de nulidad de las normas fue convalidada en 2005 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. "De este modo -sostuvo-, los tres poderes del Estado materializaron el reclamo histórico de las vÃctimas y delos organismos de derechos humanos".
Tratamiento de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Senado / Foto: Carlos Luna.
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