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22 de mayo de 2023

Las fuerzas que controlan el Congreso pretenden manejar las instituciones básicas peruanas

Un criticado acuerdo entre la mayor bancada de derecha. Fuerza Popular (FP), y la mayor de izquierda, Perú Libre (PL), le permitió a un militante de este último partido, Josué Gutiérrez, ser elegido Defensor del Pueblo en reemplazo de la interina Eliana Revollar.

Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima 21-05-2023 | 16:26

La alianza entre la derecha y la izquierda en el Congreso peruano esta semana tuvo un rotundo éxito. (Archivo Agencia Andina)

Las fuerzas políticas que controlan al Congreso de Perú tuvieron una semana fructífera en su supuesto anhelo de capturar las instituciones básicas del país, al colocar un nuevo Defensor del Pueblo y avanzar en acciones contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los entes electorales.

“El Congreso siempre ha querido sobredimensionar su poder dentro del sistema presidencialista, pero ahora lo tiene más fácil”, le dijo a Télam el politólogo Martín Ueda respecto al actuar de un Legislativo repudiado, según las encuestas, por al menos un 90 % de la ciudadanía.

Esa facilitación se da según los expertos en la medida de que la continuidad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, con origen de izquierda, dependa claramente del apoyo de las fuerzas de derecha que lideran el Parlamento.

Un criticado acuerdo entre la mayor bancada de derecha. Fuerza Popular (FP), y la mayor de izquierda, Perú Libre (PL), le permitió a un militante de este último partido, Josué Gutiérrez, ser elegido Defensor del Pueblo en reemplazo de la interina Eliana Revollar.

La alianza FP-PL, llamada por sus críticos “fujicerronismo”, en alusión a los jefes de los dos partidos, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, ya había funcionado el año pasado para elegir a seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC), los que desde el cargo han estado listos, según sus críticos, para complacer a quienes los eligieron.

Fue precisamente ese TC el que le dio vía libre a la elección de Gutiérrez, pues en uno de sus fallos inapelables determinó que la Justicia no puede limitar al Congreso, con lo que dejó sin base a la orden de los tribunales de que el Legislativo no continuara con el proceso de escogencia por irregularidades.

“Es puro pragmatismo”, señaló Udea respecto a esa sociedad entre dos partidos que, pese a representar posiciones duras de derecha e izquierda, deponen adversidades bajo objetivos específicos y resaltan coincidencias.

“Un Defensor que no comulga con las distintas causas que forman parte de una sola lucha por los derechos humanos, y que más bien tiene una afinidad política muy conservadora, hace dudar de muchos avances de la Defensoría”, comentó la abogada Josefina Miró Quesada.

En PL, su visión conservadora en temas sociales le permite coincidir con quienes son férreos adversarios en asuntos políticos y económicos. Para Miró Quesada, en ese contexto quedan en riesgo ahora las luchas relacionadas con violencia de género, comunidad LGTBI o protección a activistas de derechos humanos.

Con Revollar, la Defensoría había retomado su independencia en la lucha frente a los abusos. La institución, por ejemplo, fue determinante para documentar excesos en la represión de las protestas populares.

Para medios de oposición, el interés del “fujicerronismo” por la Defensoría también obedece a que el titular de ese despacho presidirá el año entrante la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la JNJ.

La Junta nombra, investiga, ratifica y de ser necesario destituye a jueces y fiscales y de ahí su valor estratégico. De hecho, miembros actuales, como Inés Tello, una crítica de la fiscal general, Patricia Benavides, ya son objeto de denuncias en el Congreso que apuntan a sacarla.

La fiscal general, acusada de maniobrar para proteger a investigados por corrupción, incluida una hermana suya jueza, y de adulterar su formación académica, entre otros varios señalamientos, ya es de hecho, según los críticos, una importante pieza en el presunto proceso de coaptación de instituciones.

En ese contexto también se sitúa para los opositores la ofensiva contra la antecesora de Benavides, Zoraida Ávalos, investigada por el Congreso y la JNJ por supuestamente haber tardado en tomar acciones contra Castillo y el también ex presidente Martín Vizcarra.

“Se está creando un precedente peligrosísimo. Soy como un chivo expiatorio. En adelante, cualquier fiscal general, fiscal supremo, juez supremo que no actúe conforme a intereses políticos, podrá ser destituido. Eso quebranta todo orden constitucional y legal”, dijo Ávalos, quien podría perder su condición de fiscal suprema.

Pero la apuesta mayor para las fuerzas de derecha dura que controlan al Congreso y de quienes como PL se convierten en socios coyunturales es, supuestamente, la toma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, organismos que manejan los comicios.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas, y el jefe de la ONPE, Piero Crovetto, están en la mira de FP y los otros dos partidos de derecha dura, Avanza País y Renovación Popular, desde que en 2021 rechazaran las acusaciones de fraude en la elección del presidente Pedro Castillo, lanzadas por esos grupos sin pruebas y contra la opinión de los observadores nacionales e internacionales.

La nueva ofensiva apunta a la destitución de Salas por supuestas irregularidades en la inscripción como nuevo partido de Perú Primero, organización de centroderecha de Vizcarra. El jefe del tribunal electoral niega que haya cualquier hecho inválido en el proceso.

Para medios como el semanario Hildebrandt en sus Trece, el objetivo de quienes manejan al actual Congreso es tener a personas bajo su control para los próximos comicios, para los que ni siquiera hay fecha definida porque el Legislativo aún no acepta adelantar las elecciones generales originalmente programadas para 2026.

Según encuestas, alrededor de 90% de la ciudadanía exige el anticipo de las elecciones para sustituir a un Ejecutivo y un Legislativo que, ahora aliados, han roto todos los récords de impopularidad, pero los críticos creen que el proceso puede irse aplazando hasta que los actuales grupos en el poder tengan control de todo el escenario.

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