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4 de diciembre de 2022

Citado por el Congreso, Castillo afirmó que "nada" evitará que termine su mandato

En la sesión del miércoles se debatirá y votará su destitución de la presidencia de la República, apelando a la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. Para prosperar, el pedido deberá obtener 87 votos.

02-12-2022 | 17:42

Castillo: "No pasarán ni las actitudes antidemocráticas ni los intereses mezquinos y subalternos"/ Foto AFP

El Congreso de Perú citó para el miércoles 7 al presidente Pedro Castillo, para que ejerza su defensa en la sesión en la que se debatirá un nuevo pedido de destitución en su contra, trámite que el propio cuerpo aprobó en la noche de este jueves, aunque el mandatario afirmó que “nada impedirá” que llegue al final de su mandato.

"Por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del pleno que se realizará el miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 3 pm (las 17 de Argentina). En dicha sesión se debatirá y votará el pedido de vacancia (destitución) de la presidencia de la República", indica un documento de la Oficialía del parlamento dirigido a Castillo.

El legislativo admitió este jueves a trámite el pedido de destitución impulsado por parlamentarios opositores, el tercero desde que Castillo asumió la jefatura del Palacio de Pizarro.

La nueva iniciativa busca destituir al mandatario apelando a la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.


Dentro de las causas para justificar la permanente incapacidad moral se anotaron "sus vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la presidencia de la República".

En la sesión del miércoles próximo, para prosperar el pedido deberá obtener 87 votos (en un Congreso unicameral de 130 representantes).

Este jueves hubo 73 respaldos al trámite, una cifra que deja a solo 14 a los opositores más duros de lograr su objetivo, aunque haber habilitado la discusión no significa necesariamente que todos estén a favor de la destitución.

El jefe de Estado tiene derecho a dar su descargo antes del debate y la votación del pedido, aunque también puede prescindir de ese derecho.

El jefe de Estado tiene derecho a dar su descargo antes del debate y la votación del pedido, aunque también puede prescindir de ese derecho.

Cuando presentó el nuevo proyecto de vacancia, el legislador Edward Málaga logró 67 firmas, y este jueves se le unieron otras 6 para la admisión a trámite. Necesitaba 52 para dar paso al debate de fondo.

Entre quienes se sumaron estuvieron 4 legisladores de Perú Libre, el partido con el que Castillo llegó al Gobierno.

Aún así, las bancadas de izquierda y sus aliados oficialistas parecen un bloque capaz de frenar la pretensión opositora, porque tuvieron 32 votos y 6 abstenciones, por lo que están a 6 manos de impedir que la propuesta de vacancia llegue a los dos tercios.

En un acto que transmitió la TV estatal, Castillo salió al cruce de la nueva avanzada opositora, al afirmar que pese a la “pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, nada impedirá” que siga al mando del Ejecutivo hasta julio de 2026, cuando termina su mandato.

Castillo salió al cruce de la nueva avanzada opositora, al afirmar que pese a la “pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, nada impedirá” que siga al mando del Ejecutivo.

"No pasarán ni las actitudes antidemocráticas ni los intereses mezquinos y subalternos", afirmó el presidente, que se declaró confiado en que "los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad".

En octubre, Castillo denunció "un golpe parlamentario en marcha" y pidió por eso a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que active la Carta Democrática Interamericana.

La entidad regional envió un grupo de alto nivel que recomendó una “tregua política” y un diálogo entre todos los actores para garantizar la gobernabilidad.
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