La denuncia constitucional contra Castillo abre nuevos escenarios en Perú
Por Gonzalo Ruiz Tovar12-10-2022 | 15:40
El presidente Pedro Castillo y una crisis que no se detiene. La denuncia constitucional de la FiscalÃa del Perú contra el presidente Pedro Castillo colocó al Gobierno en uno de sus peores momentos, pues, aunque no hay por ahora razones legales para que el mandatario pueda ser sacado del cargo, se abre paso a nuevos escenarios llenos de dudas.
Para juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, la denuncia presentada el martes no deberÃa conducir a una destitución o suspensión de Castillo, porque se basa en supuestos delitos que, según la Carta Magna, no califican para una acción de esas dimensiones.
La posición del constitucionalista se basa en que la denuncia es por supuesta organización criminal y tráfico de influencias, es decir, no incluye ninguna de las cuatro figuras por las que se puede acusar a un presidente en funciones, de acuerdo con la Carta Magna.
Esas figuras son traición a la patria, impedimento de un proceso electoral, disolución ilegal del Congreso y obstrucción al funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral.
“Hay indicios graves de corrupción y debe haber investigación fiscal, pero saltarse la Constitución no solo afecta la legitimidad de las investigaciones, sino que debilita el Estado de Derecho. Esta no es la salidaâ€, señaló Glave, quien desde la izquierda es crÃtica de Castillo.
Pero la oposición en el Congreso, según dan por descontado los analistas, tratará de encontrar la ruta para deshacerse de Castillo a partir de la denuncia, por lo que los pronósticos son complicados.
La fiscal general, Patricia Benavides, presentó el martes la denuncia, basada en investigaciones que apuntan al presidente como supuesto lÃder de una red diseñada para sacar provecho ilegal de las obras públicas.
Ahora, la denuncia irá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que examinará su procedencia. En teorÃa, una acción de ese tipo, que nunca se habÃa presentado contra un presidente en funciones, puede derivar en la destitución o suspensión.
Para analistas como Rosa MarÃa Palacios, lo mejor que le podrÃa ocurrir a los opositores es que encuentren un camino para la suspensión, pues, a diferencia de una destitución, no implicarÃa la realización de nuevas elecciones, ya que en teorÃa Castillo podrÃa regresar.
La presentación de la denuncia constitucional fue el corolario de una intensa jornada en la que la FiscalÃa desató acciones contra personajes del entorno de Castillo -incluida una hermana suya, cuya casa se allanó- y contra seis congresistas que supuestamente apoyan al Gobierno a cambio de participar ilegalmente en adjudicaciones de obras.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contratacionesâ€, justificó Benavides.
La fiscal general, acusada a su vez de supuestas maniobras para proteger a corruptos, ha estado involucrada en una “guerra†con el Ejecutivo, desde donde supuestamente se han tratado de potenciar los señalamientos en su contra.
En ese marco, desde el oficialismo se habla de una supuesta maquinación entre Benavides y los partidos de derecha que pretenden la caÃda de Castillo, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza PaÃs, los que hasta ahora no logran reunir los 87 votos necesarios en el Congreso (de 130) para destituir al presidente.
Esos 87 votos son difÃciles sin la ayuda de la bancada que llegó al Congreso como oficialista y que, al margen de su ruptura en cuatro bloques, se mantiene con sus 37 miembros en la posición de no darle el “sÆa la vacancia.
Con la denuncia constitucional como respaldo, la oposición radical, que quiere la salida de Castillo sin que eso afecte la continuidad del Congreso hasta 2026, podrÃa apostar ahora por la suspensión del gobernante, a la que sumarÃa la inhabilitación a Boluarte por mantenerse en la presidencia de un club privado siendo ministra, lo que está prohibido.
Sin embargo, los analistas advierten sobre los riesgos, pues, aunque Castillo tiene bajos niveles de aceptación popular y hay dudas sobre su honestidad e idoneidad, las resistencias son mucho mayores hacia un Congreso cuya impopularidad, según las encuestas, bordea el 90 %.
Perú está en vilo desde que Castillo, un profesor de 52 años que llegó al poder de la mano del partido marxista leninista Perú Libre, asumió en 2021. Desde entonces, coinciden los analistas, los choques entre el Gobierno y un Congreso con fuerte presencia de la extrema derecha han llevado al paÃs a un empantanamiento. Etiquetas:
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