Además, nuevos episodios enlodaron más la imagen del Congreso, creció la pugna entre el Ejecutivo y la FiscalÃa, Castillo recurrió a las bases en busca de apoyo contra lo que considera una persecución orquestada y se dispararon especulaciones sobre salidas de la situación, sin que ninguna tome formas concretas.
Las acciones estuvieron acompañadas por la apertura de otra investigación fiscal contra el presidente, que ya enfrentaba otras cinco. Según la FiscalÃa, el mandatario, su cuñada, el ministro (hoy de Transporte y entonces de Vivienda) Geiner Alvarado, un alcalde y dos empresarios montaron una trama para quedarse con contratos para obras públicas.
Varios ministros, y con especial vehemencia el jefe del gabinete, AnÃbal Torres, defendieron a Castillo, mientras la oposición desde el Congreso maniobra por salidas a su manera, en un escalamiento de posiciones del que es difÃcil vislumbrar un final.
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, negó que su institución participe en una persecución. Lo mismo hizo en inusuales mensajes a la Nación la fiscal general, Patricia Benavides, en momentos en que ella misma es acusada por medios de prensa de supuestos manejos oscuros.
Para algunos analistas, la forma en que el Congreso y la FiscalÃa aprietan a Castillo, con el respaldo de los grandes medios de prensa, podrÃan tener como efecto paradójico el que renazcan simpatÃas con el jefe de Estado, al margen de las sospechas de corrupción.
“Este show no lo orquesta solo la FiscalÃa y esto es lo más elocuente y alarmante. El papel de otros poderes, en especial el mediático, avalando y aplaudiendo las acciones, le permite hablar al presidente de un contubernio. Puede no gustarte Castillo, pero no puedes negar que ese contubernio existeâ€, comentó la experta en comunicación polÃtica Laura Arroyo.
En el Congreso, la oposición de derecha maneja tres opciones para sacar a Castillo: la primera, destituirlo por “incapacidad moralâ€; la segunda, suspenderlo por “traición a la patriaâ€, por una entrevista de televisión en que pareció insinuar que podrÃa darle territorio a Bolivia. La tercera, que no depende del Legislativo, apoyar que un juez lo suspenda por entorpecer las investigaciones.
En cuanto a la decisión de un juez, tampoco parece un asunto sencillo, pues se requerÃa de un sólido respaldo legal que, al menos de momento, no existe.
Además, según anotó la abogada y periodista Rosa MarÃa Palacios, dura crÃtica del Gobierno, “cuando uno creÃa que Castillo estaba en el sótano, aparece el Congreso y le ganaâ€. Esta semana, cuando los focos se centraban en el presidente, los legisladores lo eclipsaron parcialmente con tres casos.
Uno fue la falta de acción contra los congresistas Freddy DÃaz y Wilmer Elera, que siguen en funciones a pesar de que el primero está acusado de violar a su asistente en el propio Parlamento y que el segundo fue condenado a seis años de cárcel por un caso anterior a su llegada al Legislativo.
El otro, con gran repercusión mediática, fue la agresión fÃsica a una parlamentaria de izquierda, Isabel Cortez, de parte de MarÃa del Carmen Alva, expresidenta del Congreso y virtual operadora contra Castillo, quien fue acusada por compañeros en el partido Acción Popular de racismo y descontrol.
Encuestas indican que Castillo tiene solo 24% de aprobación popular. Pero con eso supera fácil al 10% que aprueba al Congreso, lo que para expertos puede indicar que las calles no dan ningún paso contra del presidente porque sienten que podrÃan ayudarle asà al resistido Legislativo.
En ese marco, el Ejecutivo y el Legislativo han hecho oÃdos sordos a iniciativas que buscan encausar a la única salida que según las encuestas tiene respaldo popular: el consensuado anticipado de elecciones generales. Etiquetas:
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