4 de abril de 2022
Espionaje penitenciario: avanza investigación sobre un exfuncionario de Vidal
Por Ariel Zak 02-04-2022 | 20:59 El juez federal Marcelo MartÃnez de Giorgi dispuso una serie de medidas para dilucidar los lazos de Juan José Baric, exfuncionario del Gobierno de Vidal, con el cableado del penal donde supuestamente se harÃan escuchas ilegales a Hugo y Pablo Moyano.
El juez federal Marcelo MartÃnez de Giorgi dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar si un exfuncionario del Gobierno de MarÃa Eugenia Vidal estuvo detrás del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018, en caso de ser detenidos.
Se trata de Juan José Baric, exsubsecretario de PolÃticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestión Cambiemos, quien actualmente se desempeña como juez federal de La Pampa.
Las medidas habÃan sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre dirigentes polÃticos, sociales, religiosos, periodistas y hasta en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.
En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se habÃa ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello habÃa contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes "de arriba", según pudo reconstruir Télam.
La historia de remonta a agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano.
Por aquellos dÃas un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidÃa 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.
El Fiscal Federal Franco Picardi investiga las causas por supuestas maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri sobre dirigentes polÃticos, sociales, religiosos, periodistas y hasta en cárceles.
Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podÃan ser trasladados allÃ.
En particular, declaró la funcionaria, pensó que la disposición de cámaras y micrófonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General RodrÃguez.
"Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venÃan y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario", reveló Rousillon en una de sus declaraciones, en la que también explicó que Baric solÃa pedirle información sobre detenidos sobre los que la prensa enfocaba su mirada.
Los técnicos que fueron a instalar las cámaras y los micrófonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducÃan Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Las cámaras y micrófonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados después de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellón y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidÃa.
Según relató ante la Justicia, Rousillon se contactó de inmediato con el entonces director provincial de alcaidÃas, Leandro Borghetti, y le pidió hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.
Silvia Majdalani y Gustavo Arribas responsables a cargo de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidÃa 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas.
Como primera medida, el juez MartÃnez de Giorgi requirió el último viernes a las empresas prestatarias de telefonÃa móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio RodrÃguez, entre otros.
También ordenó identificar las lÃneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano DarÃo Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.
El juez también requirió al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires "que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada" entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y RodrÃguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo perÃodo.
En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.
El juez federal Marcelo MartÃnez de Giorgi dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar si un exfuncionario del Gobierno de MarÃa Eugenia Vidal estuvo detrás del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018, en caso de ser detenidos.
Se trata de Juan José Baric, exsubsecretario de PolÃticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestión Cambiemos, quien actualmente se desempeña como juez federal de La Pampa.
Las medidas habÃan sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre dirigentes polÃticos, sociales, religiosos, periodistas y hasta en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.
En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se habÃa ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello habÃa contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes "de arriba", según pudo reconstruir Télam.
La historia de remonta a agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano.
Por aquellos dÃas un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidÃa 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.
Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podÃan ser trasladados allÃ.
En particular, declaró la funcionaria, pensó que la disposición de cámaras y micrófonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General RodrÃguez.
"Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venÃan y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario", reveló Rousillon en una de sus declaraciones, en la que también explicó que Baric solÃa pedirle información sobre detenidos sobre los que la prensa enfocaba su mirada.
Los técnicos que fueron a instalar las cámaras y los micrófonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducÃan Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Las cámaras y micrófonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados después de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellón y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidÃa.
Según relató ante la Justicia, Rousillon se contactó de inmediato con el entonces director provincial de alcaidÃas, Leandro Borghetti, y le pidió hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.
Como primera medida, el juez MartÃnez de Giorgi requirió el último viernes a las empresas prestatarias de telefonÃa móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio RodrÃguez, entre otros.
También ordenó identificar las lÃneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano DarÃo Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.
El juez también requirió al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires "que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada" entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y RodrÃguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo perÃodo.
En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.
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