A seis años de la denuncia, finalmente irían a juicio el exconcejal Gustavo Segre y la secretaria de bloque Río Cuarto para Todos, Verónica Abasolo, ambos acusados de adulterar una factura de criollitos por 300 pesos.

El hecho ocurrió en septiembre del 2009. Hace más de un año, cuando se iba a realizar el juicio, Abasolo pidió la probation . El miércoles pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se la rechazó.

La Cámara del Crimen número 2 dejó entrever que se fijaría la fecha de juicio para después de la feria de julio. Abasolo y Segre están imputados de “adulteración de instrumento privado, uso de documento privado adulterado agravado y fraude en perjuicio de la administración pública agravado, en grado de tentativa”.

Fue un empleado de Economía del municipio quien, al revisar las facturas del bloque oficialista se sorprendió por el gasto de 312 pesos en criollitos. Concurrió a la panadería y comprobó que en realidad la venta había sido por 12 pesos. Luego hizo la denuncia policial.

Según la acusación, Abasolo adulteró el valor consignado en una factura expedida por la panadería e intentó cobrarla ante la Subdirección General de Presupuesto del Concejo Deliberante, avalado por Segre.

Abasolo había pedido la suspensión del juicio a prueba con el argumento de que ella no ocupaba un cargo público sino que era empleada de “un frente político considerado una institución de la sociedad civil”.

Sin embargo, el TSJ concluyó que la imputada “cumplía funciones públicas” y no puede aspirar a la probation.

Ahora que fue confirmado que tanto Segre como Abasolo deben ir a juicio, en el foro local se plantea la duda en torno a la participación de jurados populares. Hace más de un año, cuando se iba a realizar la audiencia, se había previsto un tribunal unipersonal.