Una de sus siete maravillas naturales, según elección de los propios cordobeses. Unas 35 mil personas por año intentan llegar a su cumbre, la más alta de la provincia. El dilema se presenta cuando alguno se extravía y demanda operativos de rescate. Porque el clima de montaña engaña y las nubes aparecen confundiendo todo, a veces; o porque hay quienes suponen con cierta desaprensión que pueden hacer la travesía sin ayuda de conocedores del lugar, en otras.

Días atrás, conmovió el extravío de una mujer de 30 años que tuvo dos días en vilo a Córdoba y que apareció, golpeada y extenuada, cuando ya los rescatistas imaginaban el peor de­senlace.

No hay cálculos oficiales, pero algunas estimaciones elevan a 300 mil o 400 mil pesos el costo, para el Estado y los cuarteles de Bomberos, de ese operativo de dos días.

El tema vital no resulta el costo sino el riesgo de perder vidas. Hasta ahora, se reconoce sólo una muerte, de una mujer de 64 años en el año 2010, extraviada en la altura junto a su grupo tras una tormenta de montaña. Los lugareños recuerdan otro caso, pero de décadas atrás, cuando el sitio aún no era un imán turístico.

Tras el impacto por esa muerte de 2010, la reacción política fue la de responder con una ley: nació así la que creó el Registro de Visitantes de Zonas de Riesgo, vigente desde 2012.

Según bomberos de la zona, el año pasado acudieron a unos 30 operativos de rescate. En lo que va de 2015, unos 20 más. Ninguno tan intenso como el reciente, de dos días, por Alejandra Bernabitti, que se desvió del sendero cuando caminaba sola y terminó cayendo en una quebrada.

Ese caso renovó el debate sobre cómo mejorar la prevención de extravíos, para reducir riesgos para visitantes y evitar enormes gastos al Estado.

Bomberos, lugareños y guías de montaña, conocedores del terreno, coincidieron ante la consulta de este diario en que el registro de visitantes creado es un avance pero insuficiente, y plantearon que se requieren otros controles y acciones.

Vista oficial

La Secretaría de Ambiente está a cargo de aplicar la ley “de visitantes a zonas de riesgo” en el Champaquí. Germán Pratto, su titular, opinó que “el registro que se hace firmar a cada turista, en los siete puestos de control dispuestos en los diferentes accesos al cerro, es un avance”. Opinó que el sistema “funciona bien” aunque admitió que “siempre está abierta la posibilidad de discutir mejoras y corregir”.

Pratto admitió que, en tres años que lleva la ley, nunca se aplicó el criterio que establece de que si se extravía alguna persona “por conducta negligente o desaprensiva”, deberá afrontar los gastos que demande su rescate. Esa cláusula figura en la declaración jurada que debe firmar cada uno al ascender.

“En este último caso se evaluará, pero hay que ver si fue por una irresponsabilidad o por accidente, que son cosas distintas”, señaló Pratto, aunque luego dijo tener la impresión de que fue un extravío “más bien accidental”.

Muchos, incluso desde lo jurídico, creen que resulta impracticable cobrar los gastos de rescates. En todo caso, señalan que sirve la cláusula más bien como advertencia. El tema vital, en cambio, es cómo ayudar a evitar que ocurran extravíos, sin llegar a impedir el uso recreativo y turístico del cerro, de enorme potencial.

En este informe, se suman las opiniones de rescatistas, lugareños y guías de montaña, con experiencia en el lugar.