La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el cierre de la investigación contra Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse, los médicos procesados por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano, y ordenó que el expediente regrese a la etapa de instrucción. La decisión se tomó después de que la causa fuera elevada a juicio sin que se realizaran una serie de medidas de prueba consideradas fundamentales.

Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, el tribunal hizo lugar al planteo de los fiscales que intervinieron en el expediente, quienes advirtieron que todavía faltaba analizar el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados. Esa información podría aportar nuevos elementos sobre los hechos investigados e incluso modificar el alcance de la acusación.

Boveri y Lanusse habían sido procesados en abril pasado por el juez Javier Sánchez Sarmiento por administración fraudulenta. La resolución fue confirmada en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El anestesiólogo está acusado como autor de la maniobra, mientras que la médica residente fue considerada partícipe secundaria.

Según la investigación, ambos habrían desviado propofol del Hospital Italiano para consumirlo fuera del ámbito hospitalario, aprovechando el acceso que tenían al medicamento por sus funciones en el Servicio de Anestesiología. La acusación sostiene que esa conducta provocó un perjuicio económico a la institución.

Sin embargo, al confirmar los procesamientos, la Cámara también señaló la necesidad de avanzar con las pericias sobre los dispositivos electrónicos. Por ese motivo, el fiscal de instrucción Lucio Herrera solicitó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizara esos estudios.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió, además, incorporar registros para establecer en cuántas intervenciones médicas participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera utilizado propofol.

Pese a esos pedidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que las medidas podían realizarse durante el juicio oral y avanzó con el cierre de la instrucción.

Herrera se opuso porque entendía que la investigación todavía no estaba completa. Ante la insistencia del juzgado, presentó el requerimiento de elevación a juicio, aunque dejó expresamente asentada su postura sobre las pruebas pendientes.

La discusión continuó cuando el expediente llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. En agosto pasado, la fiscal María Luz Castany pidió que la causa regresara a la etapa de investigación.

En su presentación, sostuvo que el análisis de los teléfonos y otros dispositivos secuestrados no podía considerarse una prueba secundaria que pudiera realizarse durante el juicio. Por el contrario, advirtió que sus resultados podrían modificar los hechos atribuidos a los acusados, determinar con mayor precisión la participación de cada uno e incluso cambiar la calificación legal.

La fiscal también recordó que el expediente está relacionado con otras tres investigaciones: la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, otra por el presunto desvío de medicamentos del Hospital Rivadavia, en la que está imputada Chantal "Tati" Leclercq, y una tercera que tramita en la Justicia federal porteña.

El juez Pablo Vega, del Tribunal Oral N°17, coincidió con el planteo de Castany. Consideró que la elevación a juicio había sido prematura y devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para que se completaran las medidas pendientes.

Sin embargo, el magistrado de instrucción aceptó parcialmente esa decisión y volvió a enviar a juicio el tramo de la investigación correspondiente a Boveri.

Ante esta situación, la fiscal insistió en que debía anularse el cierre de la investigación y todas las actuaciones posteriores. Argumentó que dejar las pericias para el juicio implicaba trasladar al debate cuestiones que debían resolverse durante la investigación, especialmente porque sus resultados podían tener consecuencias sobre la acusación.

El planteo también fue respaldado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, quien sostuvo que no se trataba de corregir una simple cuestión formal, sino de completar una medida de prueba que ya había sido solicitada y cuya importancia había sido ratificada por la Fiscalía.

Finalmente, el camarista Nicolás Grappasonno les dio la razón. Consideró que el análisis de los dispositivos electrónicos era una medida útil y pertinente, cuyos resultados podían incidir tanto en el fortalecimiento de la hipótesis acusatoria como en la reconstrucción de los hechos investigados.

En su resolución, Casación advirtió que el juzgado de primera instancia no había tenido suficientemente en cuenta las consecuencias que esas pruebas podían tener sobre la acusación con la que debía comenzar el juicio.

El tribunal también señaló que avanzar sin completar esas diligencias podía comprometer el correcto desarrollo o la validez del debate oral.

Por ese motivo, declaró la nulidad de la resolución del 17 de julio pasado, mediante la cual el juzgado había rechazado el planteo fiscal, y de todas las actuaciones posteriores.

De esta manera, la causa deberá continuar en la etapa de investigación hasta que se completen las medidas pendientes. Los procesamientos de Boveri y Lanusse siguen vigentes, pero el juicio oral no podrá avanzar en las condiciones en que había sido elevado el expediente.