La familia de Brenda del Castillo presentó una medida cautelar urgente para frenar la difusión del video que registra las torturas a Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela. El planteo reclama que el material sea retirado de sitios web y plataformas, que se bloquee su eventual republicación y que se investigue cómo llegó a circular fuera del expediente judicial.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, que mantiene el secreto de sumario en la causa. La presentación también pide medidas de protección para la hermana de Brenda, quien, según se denunció, recibió amenazas tras la difusión de las imágenes.

A través del abogado Fernando Burlando, la familia de Brenda pidió que la Justicia prohíba a medios, portales, redes sociales y cualquier persona la publicación, reproducción o exhibición del video, de audios, fotogramas y transcripciones vinculadas con las víctimas. El pedido comprende todo registro que las muestre "en situación de cautiverio, sometimiento o muerte".

La cautelar solicita además que Meta, Google, TikTok, Telegram y otras plataformas retiren y bloqueen el contenido en un plazo de 24 horas, además de preservar los datos de las cuentas que lo subieron o replicaron. Entre la información requerida figuran las direcciones IP, las fechas y horarios de carga y la identidad de los titulares de las cuentas involucradas.

El planteo, al que accedió Infobae, también incluye un pedido de desindexación para que los buscadores no dirijan a los usuarios hacia publicaciones que hayan difundido el registro.

La filmación fue hallada en el teléfono de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias "Roger", un ciudadano peruano detenido en una causa por narcotráfico que tramita en San Isidro. El celular fue peritado con el software forense UFED y el material fue incorporado a la investigación por el asesinato de Brenda, Lara y Morena Verdi, ocurrido el 18 de septiembre del año pasado.

Luego de que la filmación fuera divulgada por un medio de comunicación, la querella remarcó que la circulación pública de ese contenido agrava el daño para los familiares de las víctimas y representa una revictimización.

En el documento, Burlando pidió además que se determine el origen de la difusión. Solicitó información sobre las copias del video existentes, las personas que tuvieron acceso a ellas, las medidas de seguridad aplicadas durante el resguardo de la prueba y la cadena de custodia del teléfono en el que fue encontrado.

En la misma línea, requirió que se refuercen las condiciones de resguardo del material y que solo accedan a él las partes y los funcionarios que resulten indispensables para el avance de la causa. Incluso, que se lleve un registro de cada consulta al archivo.

Respecto de las amenazas contra la hermana de Brenda, la querella pidió custodia policial, un dispositivo de alerta, reserva de domicilio, la prohibición de contacto por parte de los imputados y que se analice su posible ingreso al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

Según el escrito, las amenazas deben ser evaluadas en el contexto de una organización vinculada con el narcotráfico, con varios acusados detenidos y sospechosos que siguen prófugos. Por eso, se reclamó que la Justicia identifique las líneas telefónicas y cuentas desde las que se habrían emitido los mensajes, y que preserve esos datos.

En paralelo a la cautelar que debe ser resuelta por el juzgado, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, divulgó hoy un comunicado en el que exhortó a medios y profesionales de la comunicación a evitar la publicación de videos e imágenes vinculados con las víctimas del triple crimen, con el fin de evitar la revictimización de las jóvenes y de sus familias, además de proteger la investigación.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que el expediente aborda hechos de violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado. Por ese motivo, específicamente citó la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y la Ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.