El contrabando es uno de los problemas más persistentes de la industria argentina. Según un informe de Insight LAC el comercio ilegal representa el 5,06% del PBI argentino. Además, según una encuesta de la UIA, seis de cada 10 empresas manufactureras aseguran verse afectadas por el comercio ilegal, y las pérdidas fiscales que genera se estiman en USD 2.300 millones al año.

Esta semana, el Gobierno firmó acuerdos con la UIA, cámaras empresarias y plataformas como Mercado Libre y Meta para cruzar datos e identificar productos de origen ilegal. El esquema, sin embargo, pone el foco en el comercio digital, mientras que los propios empresarios señalan que el motor del contrabando es otro: la brecha de precios entre el canal formal y el informal, alimentada por la carga impositiva y los costos regulatorios, es lo que empuja al consumidor hacia el circuito irregular.

El sector de la electrónica concentra algunos de los datos más contundentes. Según estimaciones del informe ?que cruza datos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la Unión Industrial Argentina (UIA), Afarte y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entre otros?, uno de cada tres celulares que se venden en la Argentina no fue importado legalmente ni fabricado en el país. La participación del contrabando en el mercado de teléfonos pasó del 7% en 2023 al 35% en 2025, una multiplicación por cinco en dos años.

En indumentaria, el circuito informal funciona con una lógica diferente: no hay un único punto de entrada ilegal, sino una red distribuida de comercialización que opera fuera de cualquier trazabilidad digital. La Salada, las ferias de Flores y los mercados informales concentraron el 83% de las ventas de ropa del país en 2022.

La diferencia de precios es el motor, señala el informe de Insight LAC. Las prendas en esos circuitos cuestan en promedio 3,7 veces menos que las mismas prendas en el canal online formal, y en algunos casos la brecha llega a 4,5 veces. Esa diferencia no se explica principalmente por evasión impositiva directa, sino por la acumulación de costos regulatorios que el canal formal soporta y el informal no: habilitaciones, etiquetado, trazabilidad, aportes patronales.

El caso del tabaco tiene una particularidad estructural: los cigarrillos cuestan hasta tres veces más en la Argentina que en Paraguay, porque los impuestos representan cerca del 80% del precio final. Esa brecha convierte al norte del país ?especialmente las provincias limítrofes con Paraguay y Bolivia? en la zona de mayor vulnerabilidad al ingreso de mercadería sin declarar.

A diferencia de la electrónica o la indumentaria, donde el comercio electrónico tiene algún papel, el contrabando de tabaco se apoya casi exclusivamente en canales físicos tradicionales: el cruce por pasos no habilitados, la reintroducción mediante el régimen de equipaje y la distribución en comercios minoristas de baja visibilidad fiscal.

El estudio citó una encuesta de la UIA en la que les preguntó a los industriales qué medidas priorizarían para combatir el contrabando, y las respuestas matizaron el foco tecnológico del acuerdo firmado esta semana. El 33,2% reclamó más controles aduaneros y el 31,5% pidió mayor fiscalización de facturación. Controlar las plataformas digitales quedó en un distante tercer lugar, con apenas el 15,1 por ciento.

El canal de ingreso de la mercadería irregular también apunta hacia los circuitos tradicionales: mayoristas (26,4%), minoristas (16,2%) y ferias (8,6%) concentran la mayor parte del flujo informal, mientras que los marketplaces y plataformas internacionales combinados representan el 27% restante.

El debate sobre cuánta responsabilidad deben asumir las plataformas digitales tiene un límite que el sector advierte con claridad. Según el informe, un régimen de responsabilidad solidaria generalizado para los marketplaces ?el tipo de esquema que viene ganando terreno en algunos debates regulatorios? podría afectar a más de 31.000 vendedores y poner en riesgo hasta 47.000 puestos de trabajo, además de reducir el volumen del comercio electrónico entre 1,1% y 1,5 por ciento.

Esto es un modelo legal que haría responsables a los marketplaces (como, por ejemplo, Mercado Libre) por las irregularidades de los productos que venden terceros en su web, sin necesidad de probar que la plataforma tuvo culpa o conocimiento del problema.

El estudio señaló que la agenda anti-contrabando converge en un conjunto de líneas de acción que van más allá de los controles puntuales. La primera es fortalecer la inteligencia aduanera integrando datos que ya existen en distintos organismos ?ARCA, DGA, INDEC, CACE? pero que hoy no se cruzan de forma sistemática.

La segunda es revisar los incentivos del régimen courier y los esquemas de homologación de productos, que en algunos casos generan ventanas de ingreso para mercadería subfacturada. La tercera es acompañar la formalización de los vendedores pequeños que operan en los márgenes del sistema, en lugar de tratarlos únicamente como actores del delito.